Advierten sobre la criminalización de mujeres en situación de vulnerabilidad y falta de condiciones dignas dentro de los centros
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En Chiapas, el número de mujeres privadas de la libertad ha aumentado un 50 por ciento en comparación con el año pasado, según denunció Ednita Montoya, integrante de la colectiva
Sobrevivientes de Feminicidios. Actualmente, 365 mujeres se encuentran recluidas en los tres principales Centros de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de la entidad:
– Cintalapa: 210 mujeres, incluyendo nueve niñas y seisniños.
– San Cristóbal de Las Casas: 88 mujeres.
– Tapachula: 67 mujeres.
Este incremento ha generado preocupación en diversas organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre la criminalización de mujeres en situación de vulnerabilidad y la falta de condiciones dignas dentro de los centros penitenciarios.
El crecimiento en la población femenina dentro de los CERSS de Chiapas ha sido atribuido a factores como el abandono institucional, la violencia de género y la discriminación estructural. De acuerdo con Montoya, muchas mujeres detenidas provienen de comunidades indígenas y rurales, donde la falta de acceso a la justicia las deja en una posición de indefensión frente a procesos judiciales marcados por irregularidades.
“Existe una diferencia numérica considerable en la visita que reciben los hombres y en la visita que reciben las mujeres. El trato también es diferente al interior de los Cerezos”, explicó Montoya, subrayando que la desigualdad de género también se manifiesta en el acceso a recursos básicos dentro de prisión.
A esta problemática se suma la situación de las mujeres que cumplen condena junto a sus hijos pequeños. En el CERSS de Cintalapa, por ejemplo, se contabilizan al menos 15 menores de edad que permanecen con sus madres, enfrentando las mismas condiciones de reclusión.
Ante la creciente crisis dentro de los penales, la fundación Unidas por la Sangre, presidida por la maestra Jacivi Gómez Tipacamú, ha lanzado un llamado a la sociedad para apoyar a mujeres privadas de la libertad y a sus hijos en los CERSS de Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula.
Desde hace 12 años, la organización ha trabajado en la entrega de insumos básicos de higiene personal para mujeres en reclusión. Sin embargo, la demanda ha crecido y actualmente enfrentan mayores dificultades para proveer artículos esenciales para bebés y madres encarceladas.
“Nos estamos quedando sin recursos para comprar pañales, toallas húmedas, leche en polvo, ropa, toallas femeninas, portabebés, cremas, shampoo y jabón”, declaró Gómez Tipacamú. “Estos niños viven en una situación extremadamente precaria y necesitan nuestra ayuda”.
De acuerdo con la normatividad del sistema penitenciario, los niños pueden permanecer con sus madres hasta los cuatro años de edad, después de lo cual son entregados a familiares o, en algunos casos, ingresan a instituciones de asistencia social.
La fundación ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para recolectar productos de primera necesidad, especialmente ropa para mujeres (de preferencia clara), productos de higiene personal (excepto rastrillos) y artículos infantiles. Para ello, han habilitado varios puntos de recolección en distintas localidades del estado.
Además, han solicitado la intervención del secretario de Seguridad Pública del Estado, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, para garantizar condiciones dignas dentro de los centros penitenciarios y brindar una respuesta institucional ante la creciente población de mujeres detenidas.
El incremento de la población femenina en los penales de Chiapas también ha puesto en evidencia las diferencias de género dentro del sistema de justicia y reinserción social. Según Ednita Montoya, las mujeres reciben menos visitas y menos apoyo de sus familiares en comparación con los hombres encarcelados.
“El abandono es una constante en la vida de las mujeres privadas de la libertad. Muchas de ellas fueron encarceladas por delitos relacionados con la pobreza o por defenderse de situaciones de violencia, y terminan sin nadie que las apoye desde fuera”, señaló Montoya.
Además, las condiciones en los centros penitenciarios suelen ser más precarias para las mujeres, con menos acceso a actividades laborales o educativas que les permitan reinsertarse en la sociedad una vez que cumplen su condena.
Ante esta crisis, Unidas por la Sangre ha reiterado su llamado a la solidaridad de la población chiapaneca. La organización ha puesto a disposición su página oficial y redes sociales para coordinar donaciones y brindar información sobre cómo apoyar a las mujeres en prisión y a sus hijos.
En 2024, la sociedad civil logró recaudar 12 mil artículos de apoyo para mujeres privadas de su libertad en los Centros de Reinserción Social (CERESOS) de Cintalapa y San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Sin embargo, no fue posible entregar la ayuda en el penal de Tapachula debido a cambios en las leyes penitenciarias, lo que generó preocupación entre las organizaciones que trabajan en favor de los derechos de las mujeres en reclusión.
A pesar de estos obstáculos, los colectivos y agrupaciones que impulsan estas iniciativas no han desistido. Para 2025, diversas organizaciones sociales han anunciado una serie de estrategias para continuar con el apoyo, incluyendo la instalación de centros de acopio, la organización de carreras con causa, rifas y ventas solidarias. Estas acciones tienen como objetivo recolectar insumos básicos y artículos de higiene para las mujeres en prisión, quienes muchas veces enfrentan condiciones de vida precarias dentro de los centros penitenciarios.
“Nuestra actividad la sostiene la sororidad y la unidad de mujeres”, destacó Montoya, una de las activistas que encabeza estas acciones. Su declaración resalta la importancia del trabajo en comunidad y la solidaridad como ejes fundamentales para seguir respaldando a las mujeres en situación de reclusión.
Actualmente, existen dos espacios de recolección de donativos conocidos como “clósets solidarios”. Uno de ellos se encuentra en Chiapa de Corzo y otro en Tuxtla Gutiérrez. En estos puntos, se reciben prendas de vestir, artículos de higiene personal, productos de primera necesidad y otros insumos que posteriormente son canalizados hacia las mujeres que cumplen una condena dentro de los CERESOS.
Montoya enfatizó que la iniciativa no tiene fines de lucro y que su único propósito es brindar apoyo a aquellas mujeres que, en muchos casos, no cuentan con redes familiares o económicas que les permitan acceder a los recursos básicos durante su reclusión. “Nuestra causa es sin fines de lucro y busca apoyar a las mujeres privadas de su libertad”, concluyó.
Las organizaciones involucradas han hecho un llamado a la ciudadanía para sumarse a estas actividades, ya sea con donaciones, participando en los eventos de recaudación o difundiendo la información sobre las necesidades de las mujeres en los centros penitenciarios. La expectativa para este 2025 es fortalecer la red de apoyo y lograr que más mujeres en reclusión reciban la ayuda que necesitan, a pesar de las barreras impuestas por las nuevas regulaciones.
MUJERES EN RECLUSIÓN: ENTRE EL ABANDONO Y LA ESTIGMATIZACIÓN
Las mujeres privadas de su libertad en México enfrentan un sistema penitenciario marcado por el abandono, precariedad y estigmatización. La falta de atención médica y psicológica, mala calidad de alimentos y deficientes condiciones de higiene son algunas de las problemáticas que denuncian organizaciones que trabajan con la población carcelaria femenina.
Cherry, integrante de la colectiva 50+1, señala que la ausencia de personal de salud especializado dentro de los centros penitenciarios impacta directamente en la salud mental y física de las internas, obstaculizando su proceso de reinserción social.
“Hacer la separación de unas con otras, la psicología es muy importante para ellas. No hay médicas adentro, no hay psicólogas, sí carecen de muchas cosas. Nosotros esperamos que en este Gobierno las condiciones de ellas cambien”, expresó.
La falta de atención psicológica dentro de las cárceles femeninas es especialmente grave si se considera que muchas de las mujeres privadas de su libertad han vivido situaciones de violencia antes de su reclusión. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al menos 70 por ciento de las mujeres en prisión han sido víctimas de violencia de género en algún momento de su vida. Sin acceso a apoyo psicológico, la cárcel se convierte en un espacio de revictimización y deterioro emocional.
Aunado a las condiciones precarias dentro de los penales, las mujeres en reclusión enfrentan un alto grado de estigmatización. La percepción de que son “culpables” o “merecen su situación” muchas veces impide que la sociedad y las autoridades atiendan sus necesidades básicas.
Cherry cuestiona esta estigmatización y recuerda que el sistema de justicia en México no siempre garantiza procesos justos.
“Yo sé que están pagando ahí por un delito que a lo mejor no cometieron, pero nosotras como organizaciones, como mujeres, no nos toca a nosotras juzgarlas. Lo único que nos toca es ayudarlas porque, quieran o no, en este país en el que vivimos, en este país muchas veces impune con las mujeres, todas, absolutamente todas estamos expuestas algún día a estar ahí”, enfatizó.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, elaborado por la CNDH, existen fallas sistemáticas en la defensa legal de las mujeres detenidas, lo que ha llevado a que muchas enfrenten sentencias desproporcionadas o sean encarceladas sin pruebas suficientes. La falta de acceso a una defensa adecuada y la criminalización de las mujeres, especialmente las de sectores vulnerables, refuerzan un sistema que las deja sin alternativas.
Además de la falta de atención médica y psicológica, la alimentación y las condiciones de higiene dentro de los penales son otro foco de preocupación. Jasivi Gómez, de la fundación Unidas por la Sangre, lleva más de 12 años apoyando a mujeres en reclusión y ha recibido constantes denuncias sobre la baja calidad de los alimentos y la falta de condiciones sanitarias adecuadas.
“A través del tiempo, ellas nos han hecho llegar sus quejas. Han sido los alimentos, que son de baja calidad, que carecen de higiene y que la ración es muy poca. Como ustedes bien saben, el hecho de que ellas estén privadas de su libertad no quiere decir que podamos vulnerar sus derechos humanos”, señaló.
El problema de la alimentación en los centros penitenciarios de México no es nuevo. Informes de la CNDH han documentado casos en los que los alimentos proporcionados a las reclusas están en mal estado, son insuficientes o incluso no cumplen con los requerimientos nutricionales básicos. En muchos casos, las internas dependen de lo que sus familiares puedan llevarles desde fuera, una opción que no todas tienen.
La falta de higiene dentro de las cárceles también es motivo de alarma. Algunas denuncias refieren la escasez de agua potable, la insuficiencia de productos de aseo personal y la falta de acceso a condiciones dignas para la gestión menstrual. En un contexto donde las enfermedades contagiosas pueden propagarse rápidamente, la falta de higiene pone en riesgo la salud de las mujeres privadas de su libertad.
Las colectivas y fundaciones que trabajan con mujeres en reclusión coinciden en que es urgente que el nuevo Gobierno implemente reformas que garanticen una atención digna dentro de los centros penitenciarios. Entre sus principales demandas se encuentran:
– Atención médica y psicológica garantizada con personal especializado.
– Mejoras en la alimentación y supervisión de la calidad de los insumos.
– Condiciones de higiene adecuadas y acceso a productos de aseo personal.
– Procesos de justicia equitativos, con acceso a defensa legal de calidad.
– Programas reales de reinserción social, que permitan a las mujeres reconstruir sus vidas al salir de prisión.
Las organizaciones han señalado que no basta con discursos sobre derechos humanos si no se reflejan en acciones concretas. Mientras las condiciones carcelarias sigan siendo inhumanas, el sistema penitenciario continuará vulnerando los derechos de las mujeres en prisión y perpetuando un ciclo de violencia estructural en su contra.
La lucha por una justicia equitativa para las mujeres privadas de su libertad no solo es un tema de derechos humanos, sino un reflejo de la desigualdad de género en el país.
La situación de las mujeres privadas de la libertad en Chiapas refleja un problema estructural que va más allá del sistema penitenciario: la criminalización de la pobreza y la violencia de género siguen siendo factores determinantes en la privación de la libertad de cientos de mujeres en el estado. Mientras no haya una respuesta institucional efectiva, el apoyo ciudadano se vuelve fundamental para aliviar las condiciones de quienes se encuentran en esta situación de vulnerabilidad.
