Su petición es clara, no desean continuar en México ni alcanzar los Estados Unidos, solo anhelan volver a casa
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En un escenario que refleja los claroscuros de las políticas migratorias regionales, un grupo de aproximadamente 200 personas migrantes, en su mayoría originarias de Venezuela, se manifestó ayer lunes frente a la Estación Migratoria Siglo XXI, ubicada en Tapachula, Chiapas, para exigir a las autoridades mexicanas la implementación de vuelos humanitarios que les permitan regresar a su país de origen. Su petición es clara, no desean continuar en México ni alcanzar los Estados Unidos, solo anhelan volver a casa.
Los manifestantes, hombres, mujeres y familias completas, portaban pancartas con mensajes como “Queremos regresar a Venezuela”, “No más espera, vuelo humanitario ya” y “El retorno también es un derecho humano”. Con arengas y testimonios desgarradores, demandaron que los vuelos de retorno asistido que actualmente se operan desde la Ciudad de México también se habiliten desde Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, dado que en estas dos ciudades del sureste del país se concentra una gran parte de la población migrante que ya ha renunciado al llamado “sueño americano”.
Según versiones de las propias personas migrantes, citando información que aseguran les fue proporcionada por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), en Tapachula hay al menos dos mil personas venezolanas en condiciones similares, mientras que en Tuxtla Gutiérrez hay alrededor de mil 700 más que han desistido de su tránsito hacia el norte y solicitan su repatriación.
ENTRE LA ESPERANZA Y EL DESENCANTO
Uno de los testimonios que más conmovió durante la protesta fue el de Camila Rodríguez, una joven venezolana de 28 años que viajó sola desde el estado de Lara, en Venezuela, hasta la frontera sur de México. “Salí con esperanza, con el corazón lleno de fe, porque me dijeron que con CBP One podría pedir asilo en Estados Unidos. Pero eso cambió. Ahora solo quiero volver. No tengo recursos, no tengo familia aquí, y ya no quiero seguir sufriendo”, relató.
La aplicación CBP One, habilitada por el Gobierno estadounidense, fue durante meses una alternativa tecnológica para solicitar asilo de manera legal desde territorio mexicano. Sin embargo, con el endurecimiento de las políticas migratorias tras el regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, muchas personas migrantes han visto desmoronarse sus expectativas, enfrentándose en cambio a prolongadas estancias en condiciones de incertidumbre, pobreza e inseguridad.
“No venimos a dañar a nadie, solo buscamos sobrevivir”, añadió Camila, quien lamenta haber vendido todas sus pertenencias en Venezuela para emprender el viaje.
La movilización no fue espontánea. De acuerdo con los organizadores del plantón, la desesperación ha ido creciendo en los albergues, en los parques públicos, en las banquetas donde muchas de estas personas han hecho su hogar temporal. Al no poder avanzar, al no encontrar empleo y ante la falta de alternativas dignas para permanecer en el país, la opción de regresar a Venezuela —a pesar de las condiciones socioeconómicas que los llevaron a migrar— se vuelve cada vez más deseable.
“Queremos vuelos humanitarios también aquí en Chiapas. En la Ciudad de México están saliendo, pero no todos podemos llegar allá. Es un viaje caro, inseguro. Aquí estamos atrapados. No pedimos limosna, pedimos apoyo para regresar con dignidad”, dijo en entrevista Ernesto Medina, otro migrante venezolano presente en la manifestación.
La solicitud ha sido constante desde principios del año. Sin embargo, las gestiones han sido lentas. Si bien el Instituto Nacional de Migración ha confirmado que trabaja en coordinación con embajadas y organizaciones internacionales para facilitar retornos voluntarios, hasta ahora la mayoría de los vuelos humanitarios han sido operados desde la capital del país, sin considerar que Chiapas —y en particular Tapachula— concentra la entrada más grande de personas migrantes en toda la República.
Más allá del desencanto por no poder ingresar legalmente a Estados Unidos, otro factor determinante para que las personas migrantes opten por el retorno es el temor a la violencia y la inseguridad que han experimentado en territorio mexicano.
“En las noches no podemos dormir tranquilos. Hemos sido testigos de asaltos, amenazas, y muchas mujeres han sido acosadas o violentadas. Aquí no estamos seguros. No vinimos para morir en el intento. Queremos volver a nuestro país con vida”, dijo Mariela Blanco, madre de dos niños, uno de ellos enfermo de asma, lo que ha dificultado aún más su estancia en la ciudad.
Organismos internacionales como ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han reiterado que el retorno voluntario debe ser una opción garantizada para las personas migrantes, y han señalado que los programas humanitarios deben ser equitativos y descentralizados, es decir, no limitados a ciertos puntos del país.
Desde una perspectiva de política migratoria con enfoque humanista, las voces que se alzaron en Tapachula no deben ser ignoradas. Lo que ocurrió frente a la Estación Siglo XXI no fue un acto de confrontación, sino una expresión legítima de desesperanza y dignidad. La migración, aunque suele entenderse como un flujo hacia adelante, también debe contemplar caminos de retorno, siempre que estos sean voluntarios, seguros y asistidos.
El Gobierno de México tiene la oportunidad de fortalecer su postura como defensor de los derechos humanos de las personas migrantes no solo facilitando el tránsito o la regularización, sino también brindando mecanismos efectivos para quienes deciden regresar. La descentralización de los vuelos humanitarios sería una medida urgente y necesaria, en especial en una entidad como Chiapas, donde la infraestructura migratoria se ve constantemente rebasada.
Asimismo, la comunidad internacional y, particularmente, las instituciones multilaterales, deben intensificar su apoyo logístico y financiero para facilitar estos retornos, siempre en apego a los estándares de protección de derechos humanos.
La situación para cientos de migrantes venezolanos varados en la frontera sur de México se agrava con el paso de los días. Muchos de ellos señalan que no hay oportunidades de empleo o que, en los pocos casos donde consiguen trabajo, los salarios son tan bajos que no alcanzan para cubrir el pago de rentas, las cuales han incrementado considerablemente en la región. A eso se suma el alto costo de vida y un panorama lleno de incertidumbre que mantiene a las familias en una situación de desesperanza.
“Trabajamos todo el día por 100 pesos y aun así no alcanza para pagar un cuarto. Todo es muy caro y los trámites migratorios son lentos”, relató una mujer de origen venezolano que ha permanecido más de cinco meses en Tapachula junto a sus dos hijos menores.
A pesar de sus esfuerzos por establecerse y regularizar su situación, los migrantes enfrentan una burocracia lenta y poco empática. Los trámites ante el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) pueden tardar varios meses, durante los cuales no se les permite trabajar formalmente, lo que los obliga a sobrevivir en condiciones informales, muchas veces explotadoras.
“El proceso es larguísimo. Nos dicen que esperemos y mientras tanto, no podemos trabajar legalmente. ¿Cómo se supone que vamos a vivir?”, cuestiona un joven migrante, quien asegura haber iniciado su trámite de asilo hace más de tres meses sin recibir respuesta.
Ante este escenario, organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos de personas migrantes han alzado la voz. El abogado Francisco López Díaz, representante de una organización humanitaria que brinda asesoría legal y acompañamiento a migrantes, advirtió que han sostenido múltiples acercamientos con autoridades migratorias en busca de soluciones, pero hasta ahora no han obtenido respuestas claras.
“Hemos solicitado mesas de diálogo con el INM y la COMAR para exponer la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas, pero la falta de voluntad institucional nos orilla a considerar acciones legales por omisiones y posibles violaciones a derechos humanos”, explicó el abogado López Díaz.
En Tapachula y otras ciudades fronterizas como Ciudad Hidalgo, se estima que miles de personas migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela, permanecen varadas a la espera de resoluciones o citas con las autoridades migratorias. Durante ese tiempo, muchos viven hacinados en cuartos rentados entre varias familias, otros en campamentos improvisados o incluso en situación de calle.
“Lo único que pedimos es que nos escuchen. No venimos a hacer daño, solo queremos trabajar y proteger a nuestros hijos”, comenta otra madre migrante, quien duerme con su hija pequeña en una carpa instalada en el parque central de Tapachula.
Las organizaciones de derechos humanos insisten en que el Estado mexicano debe garantizar condiciones mínimas de dignidad para los migrantes en tránsito o en espera de regularización. Exigen celeridad en los procesos, respeto al debido proceso y acceso efectivo a la información, así como apoyo en alojamiento, salud y alimentación.
Mientras tanto, la incertidumbre se prolonga para quienes escaparon de una crisis en su país con la esperanza de encontrar un futuro mejor y que hoy se sienten nuevamente atrapados, esta vez por la indiferencia de un sistema migratorio colapsado.
“El abandono es institucional, y la crisis humanitaria ya es evidente”, concluye el abogado López Díaz.
Mientras no existan respuestas concretas, la incertidumbre sigue siendo la constante. Las personas migrantes que se manifestaron en Tapachula esperan que su clamor tenga eco en las autoridades mexicanas y venezolanas. No buscan caridad, sino la posibilidad de reconstruir su vida en su país, junto a sus seres queridos, y lejos del peligro.
En sus rostros no hay rencor, solo cansancio y una súplica: que su derecho a volver sea reconocido. Porque en el tránsito migrante también hay quienes deciden dar marcha atrás, no como una derrota, sino como un acto de valentía frente a un mundo que sigue sin ofrecerles un lugar.
