En lo que va de 2025, ya se contabilizan 31 menores desaparecidos
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En Chiapas, el estado más pobre de México, más de 196 mil niñas y niños trabajan a diario en condiciones precarias. Lo hacen en calles, campos agrícolas y comercios, comenzando desde tan solo los seis años. No juegan, no sueñan. Trabajan. Y lo hacen no por elección, sino por necesidad, en un entorno donde la infancia se cambia por supervivencia y la escuela por la calle.
El trabajo infantil en Chiapas no es un fenómeno nuevo, pero sus cifras son alarmantes: este estado lidera a nivel nacional en menores que trabajan, según datos de organismos de derechos humanos y oficiales. Detrás de cada niño limpiando parabrisas en los semáforos, vendiendo dulces en mercados o cosechando café en comunidades rurales, se esconde una cadena de pobreza estructural, abandono institucional y violencia que parece no tener fin.
El 82 por ciento de la niñez chiapaneca vive en condiciones de pobreza. Las cifras evidencian un sistema que falla en garantizar los derechos más básicos. Sin acceso a una educación de calidad, sin servicios públicos eficientes, sin redes de protección, miles de niños están atrapados en un ciclo de marginación del que es casi imposible salir.
“No se trata solo de prohibir el trabajo infantil”, señalan organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Chiapas (REDIAS). “Se necesitan políticas públicas integrales que garanticen educación, salud, empleos dignos para los padres y, sobre todo, protección efectiva de derechos”.
En cada semáforo donde un niño pide limosna o limpia vidrios, hay una infancia que pierde su futuro.
El 2023 fue uno de los años más violentos para la niñez en Chiapas, según informes de REDIAS. Se estima que más de 100 mil niñas, niños y adolescentes fueron afectados directamente por las disputas entre grupos criminales. Muchos han sido testigos de tiroteos, secuestros o han sido forzados a desplazarse con sus familias, huyendo del fuego cruzado que azota sus comunidades.
La violencia no es un hecho aislado: es constante, generalizada y muchas veces invisibilizada. Desde 2021, el estado vive un incremento sostenido de la violencia criminal, fenómeno que se ha agudizado en municipios como Altamirano, Frontera Comalapa, Pantelhó, Tila, entre otros. El resultado: desplazamientos masivos, pérdida de hogares y la ruptura del tejido social.
En el primer semestre de 2024, se registraron al menos cinco episodios de desplazamiento forzado, afectando a más de 11 mil personas, incluyendo a cuatro mil 300 niñas, niños y adolescentes. No solo pierden su hogar, también pierden su escuela, su salud emocional, su red de apoyo.
NIÑOS MIGRANTES: DOBLEMENTE VULNERABLES
La situación es aún más grave para las infancias migrantes que cruzan o se quedan en la frontera sur. La violencia que enfrentan no solo proviene del crimen organizado, sino también de la negligencia institucional. La organización Por la Superación de la Mujer, presidida por Elsa Simón Ortega, ha documentado casos de violencia infantil entre migrantes, incluidos abusos sexuales contra niñas de apenas cuatro años.
“Es una situación indignante. La mayoría de los casos no se denuncian porque los agresores son familiares cercanos: padres, tíos, hermanos. Y porque las víctimas no tienen voz, no tienen respaldo legal ni atención”, lamenta Simón Ortega.
En los últimos años, los abusos sexuales, la trata de personas y explotación laboral infantil se han incrementado en la región. Es común ver a niños migrantes en los cruceros de Tuxtla Gutiérrez o Tapachula, limpiando vidrios o pidiendo limosna. Muchos son víctimas de redes de trata que los obligan a prostituirse o a realizar trabajos forzados.
LA LEY QUE NO PROTEGE
Desde 2012 existe la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en México, y Chiapas cuenta con sus propios marcos normativos. Sin embargo, en la práctica, poco o nada se ha hecho para garantizar el bienestar de la niñez migrante o en situación de pobreza extrema.
Las organizaciones de la sociedad civil denuncian una profunda desconexión entre las leyes y la realidad. Las instituciones encargadas de proteger a la niñez no tienen presupuesto, personal ni protocolos adecuados. Muchas veces, ni siquiera existen en las regiones más afectadas por la violencia.
“El grito silencioso de la infancia migrante no es escuchado por las autoridades”, afirma Simón Ortega. “No se les ve como personas con derechos, sino como cifras o problemas logísticos”.
¿QUÉ SE NECESITA?
La situación de la niñez en Chiapas es una tragedia que avanza en silencio. Las soluciones no llegarán con prohibiciones ni con operativos esporádicos. Se requiere una transformación estructural y urgente, basada en políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
Primero, es imprescindible invertir en educación de calidad en zonas rurales y marginadas. Escuelas dignas, con maestros capacitados, materiales, alimentos y condiciones seguras.
Segundo, se necesitan empleos dignos para las familias. La precariedad económica obliga a los niños a trabajar para sobrevivir. Si los padres tienen un ingreso justo, los hijos podrán estudiar.
Tercero, se deben fortalecer los sistemas de protección infantil. No basta con leyes: se requiere personal capacitado, presupuesto suficiente y voluntad política.
Cuarto, se debe atender de forma específica a las infancias migrantes. No son ciudadanos de segunda. Sus derechos están protegidos por tratados internacionales y la omisión del Estado mexicano es una violación a dichos convenios.
Finalmente, se debe actuar con urgencia frente a la violencia estructural que expulsa, desplaza y mata. El crimen organizado no solo ha capturado territorios, también ha arrebatado infancias.
Mientras las cifras crecen y las infancias desaparecen de las aulas para aparecer en los campos o en las calles, la sociedad mexicana parece voltear la mirada. Chiapas es solo uno de los rostros más crudos de un país donde más de tres millones de niños trabajan.
Cada niña que no juega, cada niño que no estudia, es una historia que se apaga antes de tiempo. Si el Estado no actúa ahora, si la sociedad no exige justicia y protección para los más vulnerables, estaremos condenando a generaciones enteras a repetir este ciclo de pobreza, violencia y olvido.
Porque cada infancia que trabaja, que huye o que calla un abuso, es una infancia que pierde su futuro. Y con ello, perdemos todos.
Chiapas atraviesa una de las crisis más graves de los últimos años en materia de derechos humanos: la desaparición de niñas, niños y adolescentes se ha vuelto una constante que aterra a las familias y que parece no conmover a las autoridades. En lo que va de 2025, ya se contabilizan 31 menores desaparecidos, cifra que se suma a las decenas de casos pendientes de años anteriores, muchos de los cuales siguen sin resolverse.
Las cifras de la Fiscalía General del Estado hablan por sí solas. En 2022 se registraron 510 desapariciones de menores, en 2023 la cifra subió a 597 y en 2024 se documentaron 437 casos. Aunque algunas desapariciones han derivado en reencuentros, un número alarmante terminó en tragedia, con menores hallados sin vida, víctimas de una violencia que no distingue edades ni geografías.
En el municipio de San Doroteo de las Palmas, conocido anteriormente como Mapastepec, el dolor es cotidiano. En una pequeña vivienda de techos bajos y paredes de lámina, doña Teresa Morales, abuela de una niña desaparecida hace ocho meses, sostiene entre las manos una fotografía desgastada. “No son números, son nuestros hijos”, dice con la voz quebrada, mientras sus ojos buscan consuelo donde no lo hay.
La organización Camino de Mujeres Libres, que desde hace años acompaña casos de desapariciones, ha denunciado la inacción del presidente municipal, Ramiro Delgado Vázquez, quien ha evitado pronunciarse incluso después del hallazgo de los cuerpos sin vida de dos menores en las cercanías del río San Lorenzo. “Exigimos que las autoridades dejen de mirar para otro lado. El silencio también mata”, sentenció en conferencia de prensa Beatriz Navarro Hernández, presidenta del colectivo.
La desesperación también se siente en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, donde un grupo de madres se turna día y noche para vigilar el acceso al Palacio de Gobierno. Instalan lonas, pegan carteles, prenden veladoras. Esperan respuestas, pero lo que reciben son evasivas. “Nos dicen que están trabajando, pero nuestros hijos siguen sin aparecer”, lamenta María de los Ángeles Ruiz, madre de un joven de 15 años desaparecido desde enero de 2024.
Por su parte, la Fiscalía asegura que mantiene activos varios operativos de búsqueda en diversas regiones del estado. Sin embargo, los datos contradicen el discurso oficial: 99 casos de 2024 y 57 de 2023 permanecen abiertos, sin avances significativos, sin detenidos, sin justicia.
Para organismos defensores de derechos humanos, la situación es crítica. El estado carece de protocolos eficaces de búsqueda inmediata, y la falta de coordinación interinstitucional entre cuerpos policiales, ministerios públicos y autoridades municipales ha contribuido al estancamiento de los casos.
A este panorama se suma el temor de las familias de denunciar formalmente, muchas veces por amenazas o por la desconfianza generalizada hacia las instituciones. En algunos municipios, colectivos reportan que las desapariciones ocurren en contextos de trata, reclutamiento forzado por grupos criminales o violencia intrafamiliar, pero las investigaciones rara vez profundizan más allá de una ficha de búsqueda publicada en redes sociales.
La crisis humanitaria que golpea al territorio chiapaneco no solo refleja la vulnerabilidad de la infancia, sino también la normalización del horror. En un estado donde la pobreza, la impunidad y la negligencia forman parte del paisaje diario, ser niño se ha convertido en un riesgo.
“Ya no sabemos a quién acudir. Solo nos queda la esperanza, aunque cada día se haga más pequeña”, dice doña Teresa, sin soltar la foto de su nieta, la misma que aún cuelga de una cartulina en la plaza central. Detrás de ella, el mural de colores que alguna vez representó alegría infantil ahora luce deslavado, igual que la esperanza de tantas familias que buscan a sus hijos sin descanso.
