La empresa fue suspendida tras exceder descargas de aguas residuales al río Santo Domingo
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
La contaminación del agua en México ha cobrado un nuevo y alarmante episodio. Esta vez, una planta embotelladora de Pepsi, operada por la empresa Bebidas Purificadas, S. de R. L. de C. V. (GEPP), fue clausurada temporalmente por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debido a una grave infracción ambiental: el vertido de más de 100 mil metros cúbicos de aguas residuales por encima del límite permitido en tan solo un año.
La clausura, de carácter temporal, pero total en el punto de descarga, fue ejecutada luego de una inspección realizada los días 7 y 8 de mayo de 2025 en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas. La planta, parte de la red industrial de una de las marcas de refrescos más grandes del mundo, fue acusada de haber excedido sus límites de descarga de aguas residuales tanto en 2024 como en el presente año 2025, infringiendo así de forma reiterada la legislación ambiental mexicana.
El operativo de inspección se originó a raíz de una denuncia ciudadana, que alertaba sobre irregularidades en el manejo de residuos líquidos por parte de la planta. La preocupación de los habitantes de Chiapa de Corzo no era infundada: desde hace años, varias comunidades han señalado el deterioro visible del río Santo Domingo, cuerpo de agua receptor de las descargas industriales de la zona.
Al atender dicha denuncia, Profepa realizó una revisión exhaustiva y encontró que, en 2024, la planta había descargado un 59.94 por ciento más aguas residuales de lo que le permitía su autorización oficial. Este exceso se traduce en 100 mil 638 metros cúbicos de aguas contaminadas vertidas ilegalmente al río Santo Domingo.
Pero la situación no se detuvo ahí.
En 2025, aun después de estas irregularidades, la planta continuó descargando un volumen diario adicional de 351 metros cúbicos por encima del autorizado, evidenciando una conducta sistemática y negligente hacia las normas ambientales.
Expertos en ecología e ingeniería ambiental consultados sobre el caso han subrayado que esta cantidad de descargas ilegales representa una seria amenaza para el ecosistema del río Santo Domingo. Se teme que los altos volúmenes de aguas residuales, muchas veces cargadas de compuestos químicos y materia orgánica en descomposición, alteren de forma crítica la biodiversidad acuática, además de representar riesgos sanitarios para la población que utiliza el río como fuente de agua para consumo humano o agrícola.
Los residentes de Chiapa de Corzo han expresado su preocupación por los olores fétidos que, según ellos, han ido en aumento durante los últimos meses. También han reportado una mayor presencia de enfermedades gastrointestinales, que coinciden con el periodo de incremento en las descargas industriales.
Mariana Boy Tamborrell, titular de Profepa, informó que la clausura se ejecutó como medida de seguridad inmediatapara prevenir daños ambientales mayores. La funcionaria recalcó que esta acción forma parte de una estrategia de vigilancia más amplia destinada a hacer cumplir de manera estricta la legislación ambiental en México.
“La Profepa trabaja para asegurar una aplicación rigurosa de la legislación ambiental con el fin de proteger los recursos naturales del país y, en particular, para lograr el saneamiento de los ríos y cuerpos de agua del país que por años han sido afectados por descargas ilegales de aguas residuales”, declaró Boy Tamborrell en un comunicado oficial.
Además, se inició un procedimiento administrativo contra la empresa, el cual podría derivar en sanciones económicas y nuevas restricciones operativas.
GEPP, la empresa operadora de la planta clausurada, es uno de los principales embotelladores y distribuidores de bebidas en México, operando marcas como Pepsi, 7Up, Lipton, y Epura. En años recientes, varias organizaciones no gubernamentales han señalado a las industrias refresqueras como unas de las más contaminantes del mundo.
En particular, el uso excesivo de botellas de tereftalato de polietileno (PET) ha sido objeto de crítica. La producción de PET no solo consume grandes cantidades de agua —una paradoja en un país donde muchas comunidades carecen de acceso al agua potable—, sino que también requiere derivados del petróleo, y genera residuos plásticos de muy difícil degradación.
El caso en Chiapas refuerza esta percepción pública de que las grandes industrias refresqueras operan a menudo sin el control suficiente de las autoridades.
A pesar de los estándares ambientales existentes, los mecanismos de supervisión muchas veces llegan tarde, cuando el daño ecológico ya ha ocurrido.
EL RÍO SANTO DOMINGO: VÍCTIMA RECURRENTE DE LA NEGLIGENCIA INDUSTRIAL
El río Santo Domingo ha sido testigo silencioso del crecimiento industrial en Chiapas, pero también de su deterioro. Este cuerpo de agua, esencial para la vida de cientos de familias en Chiapa de Corzo y zonas aledañas, ha sido usado como vertedero por empresas agrícolas, manufactureras y ahora, embotelladoras.
Con la clausura del punto de descarga de Pepsi, Profepaenvía una señal contundente, pero también abre interrogantes importantes: ¿cuántas otras plantas están vertiendo aguas residuales fuera de norma sin que nadie lo sepa?, ¿qué sistemas de monitoreo existen en tiempo real para prevenir estas prácticas?, ¿quién responde por los daños ya causados?
Organismos ambientalistas han exigido que este no sea un caso aislado de sanción, sino el comienzo de una auditoría general a todas las industrias con permisos de descarga. “El problema no es solo lo que Pepsi hace, sino lo que muchas empresas hacen y nadie ve”, afirmó Ana Laura Robles, vocera de la coalición Agua para Todos.
Además, se ha propuesto la creación de observatorios ciudadanos que, con apoyo tecnológico, puedan dar seguimiento a las condiciones de los ríos del país en tiempo real, haciendo uso de sensores de calidad del agua y reportes comunitarios.
La clausura de la planta de Pepsi en Chiapa de Corzo representa un caso emblemático de los desafíos que enfrenta México en materia de protección ambiental. Aunque la medida de Profepa es una acción concreta y necesaria, también es un recordatorio de que la vigilancia ciudadana, el periodismo y la voluntad política son esenciales para garantizar que la industria opere dentro de los límites del respeto ambiental.
Mientras tanto, el río Santo Domingo aguarda su recuperación, y con él, las comunidades que han sido afectadas por años de negligencia ambiental. El país, por su parte, se enfrenta a la disyuntiva de proteger sus recursos naturales o permitir que los intereses económicos sigan dominando el destino de sus ríos y su gente.
Chiapas es un estado donde el consumo de refrescos alcanza niveles récord a nivel mundial, el impacto ambiental de esta industria va mucho más allá de los hábitos alimenticios. México no solo enfrenta una crisis de salud pública relacionada con la ingesta excesiva de bebidas azucaradas, sino también un problema ecológico de gran magnitud que pone en jaque sus recursos naturales y la sostenibilidad ambiental.
La producción y distribución de refrescos conlleva una considerable huella ecológica. Desde la fabricación de botellas de plástico hasta el cultivo de sus ingredientes clave, como la caña de azúcar, cada paso del proceso implica altos costos ambientales. Las botellas, mayoritariamente elaboradas con tereftalato de polietileno (PET), requieren grandes volúmenes de petróleo y agua, y emiten gases de efecto invernadero durante su fabricación. Una vez desechadas, muchas de estas botellas terminan en vertederos, ríos u océanos, donde afectan gravemente a los ecosistemas acuáticos y la vida marina.
El impacto no termina allí. El cultivo masivo de caña de azúcar, principal fuente de edulcorante para los refrescos, provoca deforestación, consumo excesivo de agua y uso intensivo de fertilizantes y pesticidas, contribuyendo al deterioro de suelos y cuerpos de agua. En regiones ya afectadas por la escasez hídrica, esta situación se vuelve insostenible.
Frente a este panorama, tanto las empresas como las autoridades mexicanas están siendo cada vez más presionadas para actuar. Algunas medidas ya están en marcha:
*Reducción del uso de plásticos vírgenes: Varias compañías han comenzado a incorporar materiales reciclados en sus envases y a reducir el uso de plástico nuevo.
*Sistemas de reciclaje: Se han establecido programas de recolección y reciclaje que buscan disminuir el volumen de residuos plásticos que terminan contaminando el medio ambiente.
*Innovación en envases y fórmulas: Algunas marcas están experimentando con envases biodegradables o compostables, así como con productos con menos azúcar.
*Políticas fiscales: Diversos estados han implementado impuestos a las bebidas azucaradas, no solo para reducir su consumo, sino también para financiar programas de salud pública.
A pesar de estos esfuerzos, expertos y activistas coinciden en que las acciones actuales son insuficientes. Se requiere una transformación estructural y una mayor responsabilidad por parte de todos los actores involucrados. La transición hacia un modelo de producción y consumo más sustentable es urgente y necesaria.
El caso mexicano ilustra cómo un producto de consumo masivo puede generar impactos que trascienden la economía y la cultura, afectando directamente al medio ambiente. Si bien la industria de refrescos representa una fuente importante de ingresos y empleo, también es un reflejo de los retos ambientales que el país debe enfrentar con decisión.
Reducir el consumo de refrescos y apostar por alternativas más saludables y ecológicas no solo es una cuestión de salud pública, sino también un imperativo ambiental. México se encuentra en una encrucijada, y las decisiones que se tomen hoy definirán el futuro de sus recursos naturales y de las generaciones venideras.
