Autoridades fortalecieron el blindaje de la zona como parte de una estrategia integral para garantizar seguridad y devolver la tranquilidad
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
Una nueva sacudida de violencia ha estremecido el sur de Chiapas. La emboscada del pasado lunes contra una patrulla de la Policía Estatal Preventiva en la comunidad de El Sabinalito, municipio de Frontera Comalapa, dejó cinco policías muertos y encendió las alarmas sobre la fragilidad de la seguridad en esta región marcada por la disputa entre grupos criminales. La respuesta del Estado ha sido inmediata y contundente, pero también revela la complejidad de un conflicto donde la línea entre delincuencia organizada y tejido social local parece cada vez más difusa.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), bajo el liderazgo del doctor y piloto aviador Óscar Alberto Aparicio Avendaño, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Jorge Luis Llaven Abarca, continúa avanzando en las investigaciones en el municipio de Frontera Comalapa, donde se mantiene una fuerte presencia de elementos de seguridad.
Las autoridades han reforzado el blindaje de la zona como parte de una estrategia integral para garantizar la seguridad y devolver la tranquilidad a las familias chiapanecas. La SSP reiteró que no permitirá que se arrebate la paz a las y los ciudadanos del estado.
Este operativo forma parte del compromiso del Gobierno estatal, liderado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de trabajar con paso firme, bajo una política de Cero Corrupción y Cero Impunidad.
“La presencia robusta de nuestras fuerzas de seguridad responde al llamado ciudadano. No daremos un paso atrás en la defensa de la paz y el bienestar de nuestro pueblo”, declaró la SSP en un comunicado.
Las autoridades estatales aseguraron que las acciones en Frontera Comalapa continuarán hasta restablecer plenamente el orden y el Estado de derecho en la región.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado instalaron una base operativa en El Sabinalito con el objetivo de dar seguimiento a las investigaciones y capturar a los responsables de este crimen. Desde el lugar de los hechos, el fiscal general Jorge Llaven sostuvo que “estaremos aquí el tiempo que sea necesario para dar con los autores materiales e intelectuales”. La instalación de esta base no solo implica presencia institucional: representa una declaración de guerra contra los cárteles que se disputan esta franja fronteriza.
La tarde del lunes 2 de junio, una patrulla de la Policía Estatal Preventiva, identificada con el número 23057, fue atacada a tan solo tres kilómetros de la línea fronteriza con Guatemala. Los peritajes realizados por personal de la Fiscalía revelaron que el vehículo recibió al menos 200 impactos de bala de diversos calibres, una clara evidencia del nivel de planeación y capacidad de fuego de los agresores.
Los cinco elementos asesinados fueron identificados como Guillermo Cortés, Jesús Sánchez, Joel Martínez, Brenda Toalá y Pedro Hernández. Sus cuerpos ya han sido entregados a sus familiares, mientras sus nombres se suman a la larga lista de servidores públicos caídos en cumplimiento del deber en regiones tomadas por el crimen organizado.
Las autoridades consideran que el ataque no fue un hecho aislado, sino una emboscada cuidadosamente planeada por un grupo generador de violencia con fuerte presencia en la zona. Las características del ataque —el número de impactos, la posición táctica de los agresores y el lugar— apuntan a un intento deliberado por parte de un grupo criminal de enviar un mensaje tanto al Gobierno como a sus rivales.
El Sabinalito, una pequeña comunidad de Frontera Comalapa, se ha convertido en un punto neurálgico dentro de la geografía del crimen. Las autoridades reconocen que el lugar es una base de apoyo para uno de los grupos delictivos que se disputan el territorio. La violencia, cooptación de pobladores e impunidad se entretejen en la vida cotidiana.
Así lo confirmó Óscar Aparicio, secretario de Seguridad del Pueblo, al señalar que un grupo de ciudadanos intentó bloquear las acciones de las fuerzas de seguridad. “Tuvimos un bloqueo de ciudadanos que apoyan y que sabemos que hay una base social de estos grupos de delincuencia organizada”, explicó.
La resistencia no fue solo simbólica: dañaron unidades oficiales e impidieron el libre tránsito del convoy de seguridad, lo que derivó en la detención de 10 personas por obstrucción y resistencia.
Este tipo de bloqueos civiles plantea una problemática estructural: la narcoestructura no solo se impone con armas, sino que también construye vínculos sociales, ya sea mediante intimidación, beneficios económicos o una mezcla de ambos. Para muchos habitantes de comunidades marginadas, las células delictivas representan tanto amenaza como sustento.
Hasta el momento, las acciones coordinadas entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad del Pueblo han resultado en la detención de cinco personas presuntamente relacionadas con la delincuencia organizada. Además, han sido aseguradas dos armas largas, tres vehículos y dos motocicletas, que se presume fueron utilizadas en los hechos delictivos recientes.
Estas incautaciones, sin embargo, representan apenas un atisbo del poder de fuego de los grupos criminales que operan en la región. La presencia de mil elementos de seguridad en la zona es una medida de contención inmediata, pero también refleja la magnitud del desafío al que se enfrenta el Estado mexicano en esta porosa franja fronteriza.
La región de Frontera Comalapa ha sido durante años un punto estratégico para el trasiego de drogas, armas y personas. Su cercanía con Guatemala, la ausencia histórica del Estado y la marginación social han convertido al lugar en un corredor clave para las organizaciones criminales transnacionales.
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, no descartó que los presuntos autores materiales hayan huido al país vecino, aunque aseguró que existe cooperación con el Ejército Mexicano y las fuerzas guatemaltecas para su localización.
Este dato no es menor. El fenómeno del crimen organizado en Chiapas no puede entenderse sin su dimensión regional.
Los grupos delictivos que operan en esta área mantienen nexos logísticos y operativos con organizaciones guatemaltecas y centroamericanas, configurando una red que trasciende las fronteras nacionales.
La presencia institucional y los operativos de seguridad, aunque necesarios, no resolverán por sí solos un conflicto que es también social, económico y político. El fiscal Llaven, el secretario Aparicio y el subsecretario Álvaro Serrano han insistido en que no se irán de la zona hasta esclarecer los hechos y capturar a los responsables. Sin embargo, la historia reciente de Chiapas y otras regiones del país muestra que la intervención estatal, si no va acompañada de desarrollo integral, suele ser temporal y poco efectiva a largo plazo.
“El asunto no es menor”, subrayó el gobernador Eduardo Ramírez durante una ceremonia en honor a los policías asesinados, donde pidió un minuto de silencio. “Actuaremos con mucha prudencia, con mucha inteligencia para evitar violencia”, agregó. La frase encierra el dilema de las autoridades: responder con fuerza sin caer en la espiral de represión que solo alimenta más violencia.
Los hechos de El Sabinalito son solo el capítulo más reciente de una guerra silenciosa que se libra en varios municipios de la sierra y la frontera de Chiapas. En estos territorios, la disputa entre grupos criminales ha recrudecido en los últimos años, transformando comunidades enteras en zonas de riesgo, desplazando a cientos de familias y desafiando la soberanía estatal.
La región ha sido escenario de enfrentamientos armados, desapariciones forzadas, cobros de piso, extorsiones y asesinatos que pocas veces llegan a ocupar titulares nacionales. La emboscada de esta semana obligó a mirar hacia allá, pero la pregunta clave es si la atención será sostenida o si el horror volverá a disolverse en la rutina de la impunidad.
Los cinco policías caídos en El Sabinalito son el símbolo de un Estado que aún lucha por recuperar el control territorial y la confianza ciudadana. Pero también son un recordatorio de los costos humanos de esta guerra sin nombre. La investigación, los operativos y la captura de los responsables son pasos indispensables, pero insuficientes si no van acompañados de una política integral que atienda las causas estructurales de la violencia.
Mientras tanto, en Frontera Comalapa, las familias entierran a sus muertos, las patrullas recorren los caminos rojos del sur, y la comunidad de El Sabinalito permanece en el centro de una tormenta donde la paz aún parece una promesa lejana.
