Andrea Flores Mena
¿Qué tan “excepcional” es que una mujer sea acosada en la calle, en el trabajo, en el transporte o en línea? Nada. En México, siete de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida; la sexual alcanza a la mitad (49.7 por ciento) y la comunitaria —la que ocurre en espacios públicos— a 45.6 por ciento. No son percepciones: son datos oficiales de la ENDIREH 2021 del INEGI.
El episodio de este 5 de noviembre de 2025, cuando un hombre intentó besar y tocar a la presidenta Claudia Sheinbaum durante una caminata pública, colocó el tema en el centro de la conversación: si pueden acosar a la jefa de Estado rodeada de cámaras, ¿qué pasa con las demás mujeres en el país?, el hecho no es anécdota: es síntoma.
LAS CIFRAS QUE INCOMODAN
• La “cifra negra” recuerda otra verdad: 93.2 por ciento de los delitos no se denuncian o no inician carpeta de investigación. Ese subregistro explica por qué el tamaño del problema casi nunca aparece en los expedientes. (ENVIPE 2025, INEGI).
• En Internet, el acoso no es más “suave”: en 2023, 22por ciento de las mujeres usuarias de Internet sufrió ciberacoso en los 12 meses previos (MOCIBA 2023).
• Cuando sí se denuncia, el volumen es contundente: solo entre enero y febrero de 2025 se registraron 12mil 261 delitos sexuales en el país (carpetas por abuso, acoso, hostigamiento, violación, etc.), una tendencia que muestra la magnitud cotidiana del fenómeno.
Y no es solo semántica: en México “acoso sexual” y “hostigamiento sexual” son figuras distintas. El hostigamiento implica una relación de poder (p. ej., laboral o escolar); el acoso puede ocurrir sin jerarquía, en la calle o el transporte. Esta distinción jurídica importa para investigar y sancionar correctamente.
EL DEBATE NECESARIO (Y HONESTO)
¿Sirve endurecer penas? Castigar importa: inhibe y envía un mensaje claro. Pero sin certeza de sanción —policías capacitados, ministerios públicos que tipifiquen bien y procesos que no revictimicen—, más cárcel en el papel no cambia la realidad. La paradoja mexicana es conocida: mucho discurso punitivo, poca justicia efectiva.
¿Educación o mano dura? Falsa dicotomía. La educación en consentimiento y masculinidades no puede ser un póster en el 25N: debe traducirse en planes escolares, campañas permanentes y reglas claras en empresas y gobiernos. Pero si no se acompaña de protocolos exigibles (y sanciones por incumplirlos), el mensaje se diluye.
¿Espacio público o privado? La ENDIREH muestra que el ámbito comunitario concentra las violencias más reportadas, pero la pareja y la familia siguen siendo lugares de alto riesgo. Una política seria no elige “calle o casa”: atiende todo el ecosistema de violencias y sus cruces (incluida la digital).
¿Y EL TRABAJO?
El hostigamiento sexual es, ante todo, abuso de poder organizacional. Las instituciones públicas y privadas ya no pueden conformarse con “cursos de sensibilización” aislados. Se requieren canales de denuncia confiables, medidas cautelares inmediatas, investigaciones independientes, y rendición de cuentas con datos abiertos agregados (cuántas denuncias, cuántas sanciones, en cuánto tiempo). El propio Gobierno federal reporta informes anuales de denuncias en la administración pública: esa práctica debe consolidarse y replicarse en estados y empresas.
TRES CAMBIOS CONCRETOS (QUE SÍ MUEVEN LA AGUJA)
1. Certeza de sanción por sobre simbolismos. Que cada carpeta por acoso/hostigamiento tenga plazo procesal, tipificación correcta y resolución pública (anonimizada). Sin esa trazabilidad, la ley es decorativa.
2. Protocolos obligatorios y auditables en escuelas, dependencias y empresas: rutas de denuncia, equipos externos para investigar, medidas de no repetición y publicación trimestral de indicadores. (Los protocolos existen; falta tomarlos en serio.)
3. Política integral para el ciberacoso: desde takedowns rápidos, cooperación con plataformas, hasta alfabetización digital y unidades especializadas en fiscalías. Los datos ya están; la respuesta aún no escala al tamaño del problema.
LO INTOLERABLE YA ES RUTINA
A México no le faltan leyes ni “días naranjas”; le falta seriedad institucional. Mientras la mitad de las mujeres haya enfrentado violencia sexual alguna vez, mientras el acoso callejero sea paisaje y el ciberacoso se normalice, no hay espacio para la autocomplacencia. La agresión a la presidenta evidenció lo obvio: el acoso no distingue cargos, pero la impunidad sí distingue clases y contextos. O convertimos cada denuncia en un caso resuelto —con protocolos reales, sanciones efectivas y prevención sostenida—, o seguiremos administrando estadísticas y discursos mientras las mujeres administran el miedo. Eso ya no es un “problema cultural”: es un fracaso del Estado y de las instituciones. Y los fracasos, a diferencia de los “piropos”, sí deben darnos vergüenza y consecuencias.
