“No podemos permitir que sigan siendo arrebatados, utilizados, explotados y descartados por el crimen organizado”, Jovanni Ibarra
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En medio de un panorama nacional marcado por el avance del crimen organizado y su creciente incursión en el reclutamiento de menores de edad, la diputada local Jovanni Ibarra, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó ante el Congreso del Estado de Chiapas una iniciativa considerada “indispensable, impostergable y urgente” para frenar la cooptación criminal de niñas, niños y adolescentes.
El planteamiento legislativo, sustentado en la fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución del Estado de Chiapas, propone reformar la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal estatal con el fin de tipificar de manera explícita este delito y establecer sanciones ejemplares.
Durante su intervención en tribuna, y tras solicitar la venia de la diputada presidenta, Ibarra dirigió un mensaje a quienes asistieron al recinto legislativo, a quienes seguían la sesión por plataformas digitales y a las y los representantes de los medios de comunicación presentes. La legisladora destacó que México ha atravesado, durante décadas, un proceso de degradación social marcado por una espiral de violencia que se ha intensificado y que actualmente alcanza niveles sin precedentes, afectando de forma particular a la niñez y juventud.
UN FENÓMENO QUE ROMPE INFANCIAS
Con base en estadísticas recientes del Congreso de la Unión, la diputada recordó que entre 35 mil y 45 mil menores han sido reclutados o cooptados por organizaciones criminales en los últimos 20 años en el país. La UNICEF en México estima que más de 30 mil niñas, niños y adolescentes participan actualmente en actividades delictivas como resultado de dicho reclutamiento, mientras que la Red por los Derechos de la Infancia (Redias) advierte que cerca de 25 mil menores se encuentran en riesgo inminente de ser enganchados.
“Estas cifras no son números”, subrayó Ibarra. “Son niñas y niños. Son historias truncas, vidas perdidas antes de siquiera haber comenzado”.
La legisladora expuso que las organizaciones criminales han dejado de lado los métodos tradicionales de intimidación y coacción, y ahora emplean tácticas más sofisticadas, aprovechando el acceso de los menores a redes sociales, plataformas digitales y videojuegos.
Investigaciones periodísticas han identificado un número indeterminado de perfiles y cuentas en TikTok utilizados específicamente con fines de reclutamiento. Estos entornos digitales permiten que preadolescentes y adolescentes sean contactados, seducidos y posteriormente enganchados, bajo la promesa de pertenencia, reconocimiento, protección o ingresos fáciles.
Uno de los datos más alarmantes es la tendencia a reclutar menores cada vez más jóvenes. Ibarra señaló que existen reportes sobre niñas y niños de entre ocho y 10 años utilizados como halcones —encargados de avisar sobre movimientos policiacos—, mensajeros o vigilantes. A partir de los 12 años, muchos menores ya portan armas, participan en la distribución de drogas o incluso son obligados a cometer homicidios. Estudios mencionados por la diputada indican que la esperanza de vida de un menor reclutado es de apenas tres años, una cifra que refleja la brutalidad del fenómeno.
UN CRIMEN LUCRATIVO Y DE BAJO RIESGO PARA LAS ORGANIZACIONES
De acuerdo con Ibarra, las organizaciones criminales consideran a los menores como “recursos desechables, baratos y jurídicamente convenientes”, debido a la menor severidad en las penas aplicables cuando el perpetrador es un adolescente. Esta percepción ha traído como consecuencia un incremento de la participación de menores en todo tipo de actividades ilícitas, desde tareas de vigilancia hasta la ejecución de delitos de alto impacto.
El fenómeno ha sido documentado en al menos 15 estados de la República, incluyendo Colima, Baja California, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Morelos. Aunque la incidencia varía según la región, la diputada enfatizó que “Chiapas no está exento y comienza a mostrar signos alarmantes” de esta dinámica criminal.
CHIAPAS, UN ESTADO VULNERABLE ANTE EL AVANCE DEL RECLUTAMIENTO
Con base en estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia, Chiapas concentra alrededor del 8.1 por ciento de la población nacional de niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser cooptados por organizaciones delictivas. La región, caracterizada por altos niveles de pobreza, desigualdad, marginación rural y deserción escolar, ha comenzado a mostrar señales preocupantes.
Desde diciembre de 2024, se han registrado diversas detenciones de adolescentes de entre 13 y 17 años en operativos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y robos. Organizaciones defensoras de derechos infantiles han denunciado que estos casos representan la criminalización de víctimas que previamente fueron sometidas a reclutamiento forzado.
En San Cristóbal de Las Casas, uno de los municipios de mayor incidencia, la organización Melel Xojobal estima que dos mil 507 menores se encuentran en riesgo directo de ser enganchados por pandillas o células delictivas. Algunos de ellos participan en tareas de vigilancia, mensajería o tráfico de estupefacientes; otros son utilizados para captar a más jóvenes. En el caso de niñas y adolescentes, se documentan también situaciones de explotación sexual, un delito que con frecuencia permanece oculto y subreportado.
“Debemos impedir que la niñez chiapaneca se convierta en carne de cañón del crimen organizado”, sostuvo la legisladora.
CAUSAS ESTRUCTURALES PROFUNDAS
Ibarra dedicó una parte importante de su intervención a reflexionar sobre las causas que permiten el avance del reclutamiento criminal.
Entre los factores que enumeró se encuentran:
-Pobreza extrema y desigualdad social, que golpean de manera particular a comunidades rurales e indígenas.
-Deserción y rezago escolar, que dejan a miles de menores sin un entorno seguro y sin proyecto de vida.
-Violencia intrafamiliar, que rompe las redes de protección básicas.
-Falta de oportunidades laborales para los jóvenes, especialmente en áreas rurales.
-Ausencia o debilitamiento de espacios comunitarios, deportivos o culturales.
-Debilidad institucional en zonas con presencia del crimen organizado.
-Normalización social de la violencia, que lleva a muchos jóvenes a ver las actividades criminales como aspiracionales.
Este cóctel de desigualdades y abandono institucional convierte a la niñez chiapaneca en una población altamente vulnerable a las redes delictivas, que ofrecen una narrativa atractiva basada en reconocimiento, poder o dinero rápido.
Uno de los puntos centrales de la intervención de la diputada fue la falta de un marco jurídico adecuado en Chiapas. Aunque existen figuras como la corrupción de menores o la asociación delictuosa, estas herramientas legales resultan insuficientes para frenar un fenómeno que ha evolucionado a gran velocidad.
“Hoy nuestro estado carece de una tipificación penal clara que sancione el reclutamiento de menores por grupos criminales”, advirtió. Esta ausencia provoca que muchos casos queden impunes, dificultando no solo la justicia, sino también los programas de prevención y reinserción.
Aunque México ha firmado tratados internacionales —como la Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo sobre la participación de menores en conflictos armados— la diputada sostuvo que estos compromisos no han sido suficientes para garantizar la protección integral de la niñez ante la realidad del crimen organizado.
UNA INICIATIVA PARA CERRAR EL VACÍO LEGAL
La propuesta presentada por Ibarra contempla reformas orientadas a:
-Prohibir expresamente el reclutamiento forzoso o voluntario de menores por parte de organizaciones criminales.
-Establecer sanciones proporcionales y ejemplares para quienes recluten, utilicen, obliguen o inciten a menores a participar en actividades delictivas.
-Fortalecer los mecanismos preventivos e institucionales para proteger a la niñez y adolescencia.
-Reconocer a los menores reclutados como víctimas, garantizando su acceso a medidas de protección, rehabilitación y reintegración social.
La diputada solicitó que su iniciativa sea enlistada para discusión en la siguiente sesión del Congreso, sin distinción de partido político o grupo parlamentario, al considerarla un asunto de “responsabilidad histórica”.
UN LLAMADO A LA UNIDAD Y A LA ACCIÓN INMEDIATA
En su mensaje final, Ibarra apeló a la obligación moral, ética y constitucional de proteger a la niñez chiapaneca. “Las niñas, niños y adolescentes son la esperanza presente de México y de Chiapas. No podemos permitir que sigan siendo arrebatados, utilizados, explotados y descartados por el crimen organizado”, afirmó.
Con énfasis, pidió a la legislatura actuar con firmeza y unidad. “Nuestro actuar legislativo definirá si la niñez chiapaneca estará protegida por la ley o abandonada frente a la violencia”. La diputada concluyó su intervención reiterando su compromiso: “Hasta el final, con las niñas, con los niños y los adolescentes de Chiapas”.
