Ante la acumulación de denuncias, colectivos han exigido la aplicación del programa federal de “Cero Impunidad”
Argenis Esquipulas/PORTAVOZ
El municipio fronterizo de Suchiate, Chiapas, vuelve a colocarse en el centro de la polémica pública tras una serie de denuncias ciudadanas que apuntan directamente contra la expresidenta municipal Sonia Eloina Hernández Aguilar, conocida popularmente como “La Chona”, y miembros de su familia. Las acusaciones abarcan presuntas amenazas de muerte, actos de corrupción política, abuso de poder, agresiones físicas y una posible tolerancia —o colusión— con estructuras del crimen organizado que operan en esta región estratégica de la frontera sur de México.
La denuncia más reciente fue realizada por el ciudadano Leonardo Méndez, habitante de Suchiate, quien hizo pública a través de redes sociales una serie de mensajes intimidatorios que, asegura, recibió luego de exhibir supuestos actos irregulares cometidos por personas vinculadas al partido Morena en la colonia 26 de Julio, calle 2, de este municipio.
De acuerdo con el testimonio difundido por Méndez, las amenazas comenzaron después de que publicara un video en el que alertaba a la población sobre un grupo de individuos que solicitaban copias de credenciales de elector bajo el argumento de que eran un requisito indispensable para acceder a presuntos programas de vivienda de la Secretaría del Bienestar. Tras indagar por cuenta propia, el denunciante afirmó que dicha práctica era falsa y que en realidad se trataba de una afiliación política realizada bajo engaños.
Según Méndez, estas actividades estarían encabezadas por Edwin López Hernández, hijo de la exalcaldesa Sonia EloinaHernández Aguilar. El ciudadano sostiene que el joven utilizaba el nombre de programas sociales federales para inducir a los habitantes a entregar documentos oficiales y sumarse a un partido político, lo que —de confirmarse— podría constituir un delito electoral.
En una publicación ampliamente difundida, Méndez escribió:
“Morena Chiapas sigue engañando al pueblo en #Suchiate diciéndoles que para poder obtener el apoyo de vivienda se tiene que afiliar a su partido y eso ante la ley está penado… acá vemos al hijo de la exalcaldesa Sonia Eloína, Edwin Hernández López, en la colonia 26 de julio calle 2 pidiendo credencial para poderlos meter a proyectos de vivienda de la Secretaría de Bienestar. Tenemos pruebas y las llevaremos a las instancias correspondientes”.
El denunciante agregó que su actuar es público y directo, sin perfiles falsos, y pidió la intervención del gobernador de Chiapas para que se aplique la política de “cero corrupción” en Suchiate.
MENSAJES DE AMENAZA E INTIMIDACIÓN
En el video difundido, Leonardo Méndez mostró un mensaje intimidatorio enviado desde una página falsa denominada “La Casa del Jabonero”. En dicho mensaje se le advierte que “tiene una cruz con su nombre” y se le exhorta a “cuidarse de él y de su familia”, insinuando que podría sufrir algún “accidente”.
Méndez aseguró que no es la primera vez que recibe este tipo de amenazas y que otros ciudadanos críticos de la administración municipal han sido intimidados de manera similar. En su testimonio responsabilizó directamente a Sonia Eloina Hernández Aguilar y a su hijo Edwin López Hernández de cualquier daño que pudiera sufrir él, su familia o sus allegados.
“Desde este momento hago responsables a Sonia EloinaHernández Aguilar y a Edwin López Hernández de cualquier cosa que me pase”, expresó el denunciante, quien también afirmó haber sido objeto anteriormente de insultos, gestos obscenos y hostigamiento por parte de la exfuncionaria.
Las denuncias actuales se suman a un contexto de creciente presión social contra la exalcaldesa, quien gobernó Suchiate durante dos periodos consecutivos: 2018–2021 y 2021–2024. Durante esos seis años, habitantes del municipio, colectivos ciudadanos y organizaciones sociales denunciaron reiteradamente el incremento de la violencia, la presencia del crimen organizado y la presunta complicidad de autoridades municipales.
Entre las acusaciones más delicadas se encuentra la versión, ampliamente comentada en la región, de que personas detenidas por la Policía Municipal habrían sido entregadas de manera ilegal a grupos criminales en Guatemala, utilizando pasos clandestinos sobre el río Suchiate, sin cumplir con ningún procedimiento judicial, migratorio ni de extradición.
Un video que circuló en redes sociales muestra a elementos de la Policía Municipal en el periodo del poner de Sonia Eloina, acompañados por integrantes de la Guardia Nacional, entregando a un hombre a sujetos armados, quienes posteriormente lo cruzan hacia territorio guatemalteco en balsas utilizadas comúnmente para el tránsito ilegal. Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente el contexto del material, el hecho generó indignación y reavivó las denuncias sobre prácticas ilegales toleradas durante la pasada administración municipal.
FOSA CLANDESTINA Y REDES CRIMINALES
La situación se agravó aún más en 2025, cuando durante operativos realizados por fuerzas estatales y federales —entre ellas la FRIP y el grupo Pakal— fue localizada una fosa clandestina en el ejido Nuevo Dorado, perteneciente al municipio de Suchiate. En el lugar fueron hallados restos humanos que posteriormente fueron identificados como pertenecientes a Andrés “N”, quien había sido reportado como desaparecido desde el 20 de diciembre de 2024.
La identificación se realizó con base en tatuajes, vestimenta y características físicas reconocidas por un familiar. Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación contra cinco personas presuntamente vinculadas a una red de tráfico de personas y venta de estupefacientes: Juan “N”, alias “El Kalimán”; Albis “N”, alias “El Güero”; Darwin “N”, alias “El Wawi”; Gerson “N”, alias “El Bistec”; y Osman “N”. Tres de ellos ya se encuentran detenidos, mientras que los demás continúan bajo investigación.
Habitantes de Suchiate aseguran que estas estructuras criminales fueron operadas por Sonia Eloina Hernández “La Chona”durante años con conocimiento —o al menos tolerancia— de autoridades municipales, lo que habría permitido el crecimiento de la violencia, las desapariciones y las ejecuciones en la zona.
DENUNCIAS POR AGRESIONES Y ABUSO DE PODER
A este panorama se suman denuncias por agresiones físicas y abuso de poder contra ciudadanos. En particular, pobladores de Suchiate acusaron públicamente a Sonia EloinaHernández Aguilar de ordenar la detención arbitraria de un adulto mayor, Otoniel Reyes, quien habría solicitado el suministro de energía eléctrica para su comunidad en el año2023.
De acuerdo con testimonios, Reyes fue detenido por orden directa de la presidenta municipal y, mientras se encontraba bajo custodia, fue presuntamente agredido por uno de los hijos de la funcionaria. Versiones ciudadanas señalan también a Sergio Alonso Peralta Hernández, hijo de la alcaldesa y excandidato de Morena a la Presidencia municipal, como presunto responsable de agresiones contra el adulto mayor.
Familiares de la víctima y su esposa denunciaron públicamente los hechos y exigieron la intervención de autoridades estatales y federales. El caso ocurrió el lunes 13 de mayo, alrededor de las cinco de la tarde, y generó protestas y expresiones de hartazgo entre la población.
“El pueblo de Suchiate ya está cansado de tanta violencia y de los abusos del poder”, expresaron vecinos, quienes pidieron que se restablezca el orden en esta región conocida como “la puerta de México”.
EXIGEN CERO IMPUNIDAD
Ante la acumulación de denuncias, colectivos ciudadanos han exigido la aplicación del programa federal de “Cero Impunidad” y una investigación exhaustiva contra Sonia Eloina Hernández Aguilar y exfuncionarios de su administración. La exigencia social busca sentar un precedente en una zona estratégica marcada por el tránsito migratorio, el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción institucional.
Mientras tanto, Leonardo Méndez reiteró que no se callará pese a las amenazas y que continuará con las denuncias públicas y legales. “No es solo por mí, es por todo Suchiate”, afirmó.
El caso permanece abierto y bajo el escrutinio público. Para los habitantes de este municipio fronterizo, la exigencia es clara: verdad, justicia y el fin de la impunidad que, aseguran, ha marcado a Suchiate durante años.
