El verdadero desarrollo no puede construirse sobre el despojo de quienes menos tienen
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
Familias de los municipios de Arriaga y Pijijiapan, en la Costa de Chiapas, se han convertido en objeto de una denuncia penal promovida por instancias del Gobierno federal, acusadas del presunto delito de invasión de bienes nacionales. La acción legal, interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR), ha sido señalada por el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa (CDH Digna) como parte de un proceso sistemático de criminalización impulsado por Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), con el objetivo de desplazar a pobladores que habitan en las inmediaciones de las vías férreas del megaproyecto.
En un comunicado difundido el pasado jueves 29, el CDH Digna detalló que organismos federales responsables de la operación de las líneas férreas del CIIT, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT), presentaron una denuncia penal contra tres mujeres del municipio de Pijijiapan, así como contra cuatro mujeres y un hombre del municipio de Arriaga. El propósito explícito de la acción penal es exigir la entrega del llamado “derecho de vía ferroviaria”, una franja de 30 metros de ancho que el megaproyecto reclama como indispensable para la rehabilitación y operación del tren.
Para el centro de derechos humanos, esta denuncia no puede leerse como un hecho aislado, sino como un acto de criminalización dirigido contra población civil en situación de vulnerabilidad, mayoritariamente mujeres, en el contexto de la implementación del Corredor Interoceánico, uno de los proyectos prioritarios del Gobierno federal en el sexenio anterior.
En entrevista, Nataniel Hernández Núñez, integrante del CDH Digna, explicó que el origen de esta criminalización se encuentra en el decreto presidencial emitido en mayo de 2023 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante el cual se catalogó a diversos megaproyectos de infraestructura —entre ellos el CIIT y el Tren Maya— como asuntos de seguridad nacional. Esta clasificación, sostuvo, permitió acelerar obras y flexibilizar procedimientos administrativos y legales.
“El decreto de seguridad nacional abrió la puerta a una serie de modificaciones normativas que hoy están teniendo consecuencias directas sobre comunidades empobrecidas”, afirmó Hernández. Entre ellas, destaca la reforma posterior a la Ley de Bienes Nacionales, específicamente al artículo 150, que establece y tipifica el delito de invasión u ocupación de bienes nacionales, incluyendo el derecho de vía ferroviaria que reclama el megaproyecto.
De acuerdo con el abogado, este andamiaje jurídico ha sido utilizado como una medida preventiva para garantizar el avance de la obra. En la Costa de Chiapas, el CIIT contempla la rehabilitación de la Línea K, una vía férrea de aproximadamente 472 kilómetros que conectará el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, con infraestructura portuaria en Tapachula, en la frontera con Guatemala.
“Previendo el escenario de que la gente no entregara voluntariamente sus casas, el Estado construyó el marco legal para proceder penalmente. Eso es exactamente lo que estamos viendo ahora”, señaló Hernández.
Aunque oficialmente las obras de rehabilitación de la vía férrea comenzaron en 2023, el conflicto entre las autoridades del CIIT y las familias asentadas en el derecho de vía no es reciente. Desde hace al menos cuatro años, funcionarios del proyecto han sostenido reuniones con habitantes de Arriaga y Pijijiapan para negociar la desocupación de las viviendas.
Sin embargo, las familias se han resistido a abandonar sus hogares, argumentando que las propuestas de reubicación presentadas por el Gobierno no garantizan condiciones dignas de vivienda ni la recuperación de su patrimonio. Muchas de estas casas, explicaron, fueron construidas con el esfuerzo de décadas y constituyen el único bien del que disponen.
“La situación se agravó a finales del año pasado, cuando en noviembre se presentó formalmente la denuncia penal ante la FGR”, relató Hernández. “Lo que identificamos es que se está persiguiendo penalmente a mujeres mayores de 50 años, jefas de familia, que han sido el sostén económico de sus hogares y que han luchado durante años para construir un patrimonio mínimo”.
Para el CDH Digna, la estrategia del Gobierno federal persigue dos objetivos centrales. El primero es someter a las personas denunciadas a un proceso penal que podría implicar la imposición de medidas cautelares graves, incluida la prisión preventiva. El segundo es obtener, a través de un juez federal, una orden de desalojo forzoso que permita liberar el derecho de vía sin garantizar la restitución del patrimonio ni alternativas reales de reubicación.
“Estamos ante el uso del derecho penal como mecanismo de presión, intimidación y desplazamiento”, denunció el centro.
Desde su perspectiva, estos hechos configuran un patrón de criminalización de la pobreza, en el que el aparato de justicia se emplea contra personas en situación de vulnerabilidad, contraviniendo principios básicos como la proporcionalidad, la mínima intervención penal y la justicia social.
El organismo recuerda que los desalojos forzosos realizados sin garantías procesales, sin consulta previa, sin alternativas de reubicación digna y sin reparación integral del daño constituyen violaciones graves a los derechos humanos, conforme a la jurisprudencia tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El caso de Arriaga y Pijijiapan no es, según defensores de derechos humanos, un hecho aislado. Se inscribe en un contexto más amplio de implementación de megaproyectos federales en el sureste del país, donde comunidades indígenas y rurales han denunciado reiteradamente la falta de consultas previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas.
Además de los riesgos de despojo territorial y desplazamiento forzado, organizaciones sociales han advertido sobre la ruptura del tejido comunitario, la pérdida de medios de vida y la profundización de desigualdades históricas en regiones ya marcadas por la pobreza y la exclusión.
Hernández Núñez señaló que, pese a la realización de mesas de diálogo con funcionarios del CIIT y autoridades municipales, no existe hasta ahora un compromiso real del Gobierno para desistirse de la denuncia penal. Por el contrario, acusa un “uso maquiavélico” del sistema de justicia: se mantienen abiertos canales de diálogo mientras la acción penal sigue su curso.
“Eso coloca a las familias en una situación de enorme incertidumbre y desgaste emocional. Por un lado, se les dice que hay diálogo; por el otro, se les mantiene bajo la amenaza constante de un proceso penal”, afirmó.
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ha sido presentado por el Estado mexicano como un proyecto estratégico para detonar el desarrollo económico del sur-sureste del país. No obstante, casos como el de la Costa de Chiapas evidencian las tensiones entre los objetivos de infraestructura y la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las poblaciones afectadas.
Para el CDH Digna, el verdadero desarrollo no puede construirse sobre el despojo ni la criminalización de quienes menos tienen. “Si el Estado necesita el territorio, debe garantizar procesos justos, indemnizaciones adecuadas y alternativas de vida digna. Usar el derecho penal contra mujeres pobres es una señal alarmante”, concluyó el organismo.
Mientras tanto, las familias de Arriaga y Pijijiapan continúan habitando sus casas, a la espera de una resolución que podría definir no solo su futuro inmediato, sino también el rumbo que tomará la relación entre megaproyectos, legalidad y derechos humanos en el sureste mexicano.
