La amenaza de desplazamiento hacia la viuda de Pérez Martínez alimenta versiones de que el móvil del asesinato no solo fue político, sino también económico
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
El miedo se ha instalado nuevamente en este municipio chol, enclavado en la Selva Norte de Chiapas. Habitantes denuncian que un grupo armado, identificado como Los autónomos del municipio de Tila, ha comenzado a organizarse para irrumpir en viviendas particulares con el propósito de “asesinar o desaparecer” a pobladores identificados como parte del grupo de los legales. El detonante de esta nueva ola de tensión fue el asesinato del comisariado ejidal, José Pérez Martínez, ocurrido el pasado 10 de septiembre en una emboscada.
Según testimonios recogidos en la cabecera municipal y en comunidades aledañas, los pobladores aseguraron que, desde el viernes por la noche, hombres armados se concentraron en distintos puntos estratégicos. El sábado 14 de septiembre iniciaron movimientos que anticiparon incursiones contra las comunidades de Cantioc, Unión Juárez, Misijá y la propia cabecera de Tila, donde residen representantes del grupo opositor a los autónomos.
“Ellos [los autónomos] están diciendo que nos van a sacar de nuestras casas, que nos van a desaparecer o matar porque creen que tuvimos algo que ver con el asesinato del comisariado. Pero nosotros no tenemos nada que ver”, explicó un poblador de Unión Juárez, quien pide omitir su nombre por razones de seguridad.
EL ASESINATO DE JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ: PUNTO DE QUIEBRE
La tarde del miércoles 10 de septiembre, el comisariado ejidal José Pérez Martínez regresaba de una reunión con indígenas choles en la comunidad Río Grande, cuando fue emboscado en una vereda. Versiones de los habitantes indican que en la zona operan grupos armados vinculados a los autónomos, lo que genera dudas sobre las motivaciones y responsables del crimen.
Pérez Martínez había sido electo por usos y costumbres, pero sin reconocimiento oficial de las autoridades agrarias. Pese a ello, gozaba de legitimidad en un sector de los ejidatarios de Tila. Su asesinato desató una serie de señalamientos cruzados. Horas después, Los autónomos dieron un ultimátum de 72 horas a Gobierno federal, estatal y municipal para capturar a los responsables. El plazo venció sin resultados visibles.
Los legales, grupo opositor a los autónomos y parte de la mesa de diálogo instalada por el Gobierno de Chiapas, rechazaron categóricamente cualquier participación en el crimen. En un comunicado firmado por “el pueblo de Tila y sus anexos”, argumentaron que la emboscada ocurrió en una zona bajo control de los paramilitares, a donde ellos no se acercan desde hace años. “Responsabilizamos al ayuntamiento municipal de Tila y a los líderes del grupo autónomos del ejido Tila de lo que pueda suceder en las próximas horas”, advirtieron.
UNA AMENAZA EXPLÍCITA CONTRA LA VIUDA
A la tensión se suma la amenaza directa contra la viuda de Pérez Martínez. De acuerdo con pobladores, los autónomos pretenden expulsarla de su vivienda bajo el argumento de que ella “esconde el dinero que su esposo se negó a repartir entre los líderes”. Este señalamiento alimenta versiones de que el móvil del asesinato no solo fue político, sino también económico.
La familia del comisariado se encuentra en condición de desplazamiento forzado, bajo la protección de vecinos y comunidades solidarias. “La quieren sacar de su casa y despojarla de lo poco que tenía”, dijo un representante ejidal que participó en el pacto de civilidad firmado meses atrás.
PACTOS ROTOS Y LA SOMBRA DE LA TRAICIÓN
En marzo de 2024, los grupos enfrentados —ejidatarios, autónomos y pobladores— firmaron un pacto de civilidadconvocado por Gobierno de Chiapas. El acuerdo buscaba frenar los ataques armados y sentar bases para resolver el histórico conflicto de tierras en Tila. Sin embargo, desde un inicio hubo voces críticas. El 27 de marzo, el Frente Comunitaria Indígena declaró su rechazo al acuerdo y lo calificó de posible “trampa” gubernamental.
“Tenemos experiencia de que todo lo que hace el Gobierno son traiciones”, expresaron entonces en un pronunciamiento. Hoy, los hechos parecen darles la razón: el pacto no logró frenar la violencia y la desconfianza hacia las instituciones se ha profundizado.
LA VIOLENCIA DE JULIO: UN PRECEDENTE INMEDIATO
La memoria reciente de los habitantes aún está marcada por los sucesos de julio de 2024, cuando entre tres mil y siete mil personas huyeron de Tila tras una ofensiva de los autónomos. Las calles se llenaron de humo por la quema de casas y negocios; vehículos fueron destruidos, los caminos bloqueados y se reportaron asesinatos y desapariciones.
El éxodo de miles de desplazados dejó imágenes de familias caminando por horas con lo poco que pudieron cargar: niños en brazos, costales de ropa, animales de corral. Muchos buscaron refugio en Tabasco y en comunidades vecinas, pero hasta hoy no todos han podido regresar.
El actual resurgimiento de hostilidades despierta el temor de un nuevo desplazamiento masivo.
UNA DISPUTA AGRARIA CON FONDO HISTÓRICO
La raíz del conflicto en Tila es agraria y política. El municipio, colindante con Tabasco, arrastra desde hace décadas una pugna por el control de 130 hectáreas de tierras. Estas parcelas son ocupadas por descendientes de los fundadores del municipio, pero el grupo de los autónomos pretende expulsarlos para apoderarse de las propiedades.
La disputa territorial se entrelaza con la lucha por el poder político local, los recursos federales y el control de la cabecera municipal. Las autoridades estatales han intentado mediar, pero la ausencia de un reconocimiento claro a las figuras ejidales legítimas ha abonado al desorden.
PARAMILTARISMO EN CHIAPAS: UN FENÓMENO RECURRENTE
El caso de Tila no es aislado. En distintos puntos de Chiapas, organizaciones civiles han denunciado la operación de grupos paramilitares tolerados, cuando no alentados, por actores políticos locales. Su modus operandi incluye emboscadas, incursiones nocturnas, desplazamientos forzados y control de rutas.
En Tila, los autónomos han sido señalados reiteradamente como un grupo armado con estructura y disciplina militar, que no solo actúa en defensa de intereses agrarios, sino también en operaciones de control territorial que incluyen extorsión y despojo.
“VIVIMOS CON MIEDO TODOS LOS DÍAS”
El clima de terror es palpable. Testimonios de pobladores revelan la vulnerabilidad en la que viven. Una mujer de Misijá relata:
“No dormimos. Los niños lloran porque escuchan los disparos en la noche. Nos dicen que nos van a venir a sacar de las casas. Nadie nos protege”.
EL SILENCIO GUBERNAMENTAL
Hasta el momento, las autoridades federales, estatales y municipales han guardado silencio sobre las denuncias recientes. Ni la Secretaría de Gobernación ni la Fiscalía General del Estado han emitido un pronunciamiento público respecto al asesinato de Pérez Martínez ni sobre las advertencias de nuevas incursiones.
Para los habitantes, este mutismo es un signo de complicidad. “El Gobierno sabe y no hace nada, porque les conviene que el pueblo se destruya entre sí”, acusaron en un comunicado firmado por los representantes de los legales.
ESCENARIO INCIERTO
La tensión en Tila coloca nuevamente a Chiapas en el mapa de los focos rojos de violencia comunitaria y paramilitar. La historia reciente muestra que la indiferencia institucional y los pactos rotos solo han exacerbado el conflicto.
Los pobladores exigen medidas inmediatas: presencia de seguridad federal con garantías de imparcialidad, investigación del asesinato de Pérez Martínez y desarme de los grupos paramilitares. Sin embargo, las respuestas oficiales no llegan, mientras la amenaza de una nueva tragedia humanitaria crece con el paso de las horas.
En Tila, el miedo es ya una forma de vida cotidiana. La gente mira con recelo a sus vecinos, evita transitar caminos de noche y mantiene listas mochilas con ropa y documentos por si deben huir en cualquier momento. Como resume un anciano de la cabecera municipal:
“Aquí la paz es solo una palabra. Vivimos esperando la guerra”.
