El colectivo ofrece otra narrativa, la fe como resistencia, como denuncia, como motor de transformación social
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En una de las regiones más emblemáticas del sur de México, donde convergen la herencia indígena, la pobreza estructural y una profunda tradición de lucha social, el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas volvió a alzar la voz este 25 de enero de 2026. Su comunicado, difundido tras una peregrinación multitudinaria, no solo es un acto religioso: es una radiografía política y social de Chiapas y, por extensión, de América Latina.
Bajo la inspiración del legado de jTatic Samuel Ruiz García, obispo emérito recordado como profeta y pastor, el Pueblo Creyente se posiciona como un actor que trasciende el ámbito espiritual para convertirse en conciencia crítica frente a las injusticias. A 15 años de su Pascua, como llaman a su muerte, la figura de Ruiz sigue marcando el rumbo de una Iglesia comprometida con los pobres, en sintonía con las palabras atribuidas al papa León XIV en la exhortación Dilexi Te: “la liberación de los oprimidos es signo del Reino de Dios”.
Uno de los ejes centrales del comunicado es el caso de los presos de San Juan Cancuc. Cinco hombres encarcelados injustamente, junto con Pedro y Diego, fueron liberados a finales de 2025 gracias a una combinación de presión social, acompañamiento pastoral y resoluciones judiciales. El Pueblo Creyente agradece a quienes sostuvieron la lucha: parroquias, servicios diocesanos, organizaciones civiles y personas solidarias que acompañaron con ayunos, oraciones y visitas.
Sin embargo, la liberación no cierra el caso. En palabras del propio comunicado, “falta la reparación del daño y una disculpa pública”, conforme a resoluciones internacionales. Aquí emerge una constante en la historia reciente de Chiapas: la justicia incompleta. Los fallos judiciales corrigen parcialmente los abusos, pero rara vez restituyen plenamente la dignidad de las víctimas ni sancionan a quienes fabricaron los delitos.
Más grave aún es la descripción de la violencia que atraviesa diversos municipios del estado. El Pueblo Creyente denuncia enfrentamientos armados, asesinatos, desapariciones, “levantones”, cobro de piso y desplazamiento forzado interno. Son prácticas que, hasta hace algunos años, parecían ajenas a gran parte de la entidad y hoy forman parte del cotidiano de comunidades rurales.
El comunicado apunta a un elemento particularmente delicado: la posible colusión de autoridades con el crimen organizado. Según diversas notas periodísticas citadas por el propio documento, esta alianza permitiría una estrategia de control territorial que responde no solo a intereses criminales, sino a proyectos de poder económico global interesados en el saqueo de recursos naturales.
En esta lógica, Chiapas aparece no solo como territorio violentado, sino como botín estratégico: agua, biodiversidad, minerales y energía eléctrica convierten al estado en una pieza clave para megaproyectos que, muchas veces, se imponen sin consulta real a los pueblos originarios.
El Pueblo Creyente también advierte sobre un fenómeno menos visible, pero igual de devastador: el crecimiento de cantinas, tanto autorizadas como clandestinas, y la expansión del narcomenudeo en comunidades indígenas y campesinas. El resultado es un incremento alarmante del alcoholismo, la drogadicción y la prostitución, con consecuencias directas en la violencia intrafamiliar y la descomposición del tejido social.
Para muchas comunidades, esta situación representa una nueva forma de colonización: no mediante ejércitos, sino a través de economías ilegales que destruyen lentamente la vida comunitaria y la cultura.
Otro frente de denuncia es la contradicción estructural del campo chiapaneco: productores de granos básicos reciben precios miserables por su trabajo, mientras los productos necesarios para la vida cotidiana se encarecen. “¡No a la mano de obra barata! ¡No a la explotación laboral!”, proclama el comunicado.
Esta situación revela una paradoja que se repite en gran parte del país: quienes producen los alimentos viven en condiciones de precariedad, atrapados en cadenas comerciales dominadas por intermediarios y grandes corporaciones.
La Diócesis también pone el foco en las altas tarifas eléctricas, pese a que Chiapas genera buena parte de la energía hidroeléctrica del país. Denuncia, además, que las grandes presas no pagan impuestos prediales y que empresas privadas consumen millones de litros de agua diariamente, mientras comunidades enteras carecen de acceso regular al líquido vital.
El reclamo es claro: corrupción, inequidad y una política energética que prioriza intereses empresariales por encima del bienestar social.
El rechazo a la supercarretera San Cristóbal–Palenque sintetiza una lucha más amplia: la defensa del territorio frente a megaproyectos que, bajo el discurso del “desarrollo”, generan despojo y desplazamiento. El Pueblo Creyente se suma a las comunidades que dicen “¡No!” a estas obras, señalando que responden a los intereses del capitalismo global y no a las necesidades reales de los pueblos.
Aquí la Iglesia local se coloca del lado de los pueblos originarios, reivindicando el derecho a decidir sobre su tierra y su futuro.
Uno de los momentos más duros del comunicado es la exigencia de justicia por el asesinato del padre Marcelo, así como de otros mártires de la diócesis: hombres, mujeres, niñas y niños asesinados en contextos de violencia política y social. La lista —Nueva Morelia, Chicomuselo, Acteal, entre otros lugares— es un recordatorio de que Chiapas también es tierra de mártires.
Para el Pueblo Creyente, estas muertes no son hechos aislados, sino parte de una estructura de impunidad que protege a los autores intelectuales. La memoria de los caídos se convierte así en motor de resistencia.
Lejos de una postura contemplativa, el comunicado reafirma un compromiso activo: construcción de caminos de justicia y solidaridad, defensa de los derechos humanos, cuidado de la Madre Tierra, promoción de la salud comunitaria, articulación con otras organizaciones y denominaciones religiosas.
En un mundo marcado por guerras —el texto menciona Gaza y Venezuela como ejemplos de atropellos a la dignidad humana— el Pueblo Creyente llama a convertirse en “semillas de esperanza” frente a lo que denomina una crisis civilizatoria.
Aunque enraizado en una realidad local, el mensaje trasciende fronteras. La solidaridad expresada con Venezuela y la crítica a los organismos internacionales por su incapacidad para frenar genocidios y abusos revela una mirada global, profundamente política, que interpela tanto a gobiernos como a instituciones multilaterales.
En un contexto donde la religión suele asociarse al conservadurismo o al repliegue espiritual, el Pueblo Creyente de Chiapas ofrece otra narrativa: la fe como resistencia, como denuncia, como motor de transformación social.
No se trata solo de rezar, sino de organizarse, denunciar, acompañar a las víctimas y desafiar estructuras de poder. En ese sentido, la herencia de Samuel Ruiz sigue viva: una Iglesia que camina con los pobres y que no teme incomodar.
El comunicado concluye encomendándose a la Virgen de Guadalupe, símbolo profundamente arraigado en la identidad mexicana, pidiendo protección para este caminar colectivo. No es una despedida pasiva, sino una afirmación de continuidad: el Pueblo Creyente seguirá en las calles, en las comunidades, en los tribunales y en la memoria.
En tiempos donde el miedo y el silencio parecen imponerse, la voz del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas recuerda que otra forma de vivir la fe —y la política— es posible: una que se construye con justicia, dignidad y esperanza.
