La iniciativa busca restringir herramientas que facilitan ese reclutamiento, y dar facultades a las autoridades para prevenirlo
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En medio de una ola de violencia que ha dejado comunidades enteras desplazadas, municipios tomados por grupos armados y una creciente sensación de miedo colectivo, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN) en Chiapas, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de ley que busca transformar el marco jurídico estatal para enfrentar lo que define como “violencia criminal de alto impacto con efectos de terror social”.
La propuesta, que modifica el Código Penal y la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no crea nuevos delitos ni invade facultades federales, según explicó la legisladora, sino que introduce una categoría jurídica novedosa: reconocer que ciertas conductas delictivas —como bloqueos, quema de vehículos, desplazamientos forzados, control territorial y amenazas generalizadas— generan un daño colectivo que el actual marco legal trata como hechos aislados.
“Hoy, en diversas regiones de nuestro estado, la violencia ha dejado de ser un fenómeno aislado. No se trata únicamente de delitos que afectan a personas en lo individual. Se trata de conductas que buscan generar miedo colectivo, que alteran las vidas comunitarias, que limitan la movilidad, que interrumpen actividades económicas y que obligan a familias enteras a abandonar sus hogares”, sostuvo Ibarra Gallardo durante la sesión de este jueves.
UN DIAGNÓSTICO QUE DUELE: DESPLAZADOS, ESCUELAS TOMADAS Y RECLUTAMIENTO INFANTIL
La iniciativa llega en un momento crítico para Chiapas. Durante 2024 y lo que va de 2025, el estado ha sido escenario de una escalada de violencia atribuida a grupos criminales o grupos paramilitares en regiones como Tila, Pantelhó, Frontera Comalapa y Amatenango de la Frontera.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Digna Ochoa, han documentado al menos más de 30 mil personas desplazadas internamente en los últimos dos años, principalmente en municipios de las regiones Norte y Selva. Familias enteras han huido hacia ciudades como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal o incluso hacia Guatemala, sin visos de retorno.
“El alto impacto sigue marcando la vida cotidiana”, declaró la diputada en entrevista posterior. “En Pantelhó y otros municipios, nos reportaron reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes a través de escuelas o simplemente en la calle. Es una realidad que duele y que el Estado no puede seguir ignorando”.
La propia legisladora recordó que presentó una iniciativa desde 2025 para prevenir el reclutamiento forzado de menores, pero sigue sin dictaminarse. “No podemos permitir que estas propuestas se queden en el archivo muerto del Congreso”, exigió.
¿EN QUÉ CONSISTE LA INICIATIVA DE “TERROR SOCIAL”?
El corazón de la propuesta es modificar el Código Penal del Estado de Chiapas para que, cuando un delito —como homicidio, secuestro, extorsión, desaparición forzada o daño en propiedad— se cometa con el propósito de intimidar a la población, controlar territorios o afectar la vida comunitaria, la ley lo reconozca como una categoría agravada que permita:
1. Incrementar sanciones dentro de los márgenes constitucionales.
2. Priorizar su investigación sobre otros delitos.
3. Fortalecer la coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales.
4. Mejorar la capacidad de respuesta del Estado mediante protocolos específicos.
Además, se reforma la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para facultar al Ejecutivo estatal a actuar de manera focalizada en zonas declaradas de alta incidencia de este tipo de violencia, mediante operativos especiales, inteligencia y coordinación intermunicipal.
“No se trata de militarizar ni de violar derechos humanos. Se trata de dar herramientas legales al Estado para que pueda entrar a comunidades sitiadas por el crimen, proteger a la población y restaurar el orden constitucional”, aclaró Ibarra Gallardo.
La legisladora enfatizó que la iniciativa respeta la distribución de competencias entre federación y estado, y se alinea con estándares internacionales de derechos humanos. “El Estado tiene la obligación de proteger a la población frente a contextos de violencia generalizada”, subrayó.
EL PAPEL DEL GRUPO PAKAL Y LA ESTRATEGIA DEL GOBERNADOR
La diputada panista reconoció que el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, ha priorizado el combate a la inseguridad desde el inicio de su administración. En particular, destacó la creación de La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) un grupo de élite de la Secretaría de Seguridad del Pueblo en Chiapas, creado en diciembre de 2024 para combatir el crimen organizado y restablecer la paz. Integrada por unos 500-700 agentes con entrenamiento táctico, opera en zonas de alta peligrosidad, aunque enfrenta serias acusaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado.
“Desde el arranque de su mandato, el gobernador ha tenido una decisión clara: enfrentar de manera frontal el problema de la inseguridad. La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) es una estrategia operativa orientada a fortalecer la presencia institucional”, señaló.
No obstante, advirtió que el fenómeno delictivo ha evolucionado y que el poder legislativo no puede quedarse rezagado. “Cuando la violencia se organiza, el Estado no puede responder de manera dispersa. Cuando el miedo se vuelve colectivo, la ley no puede seguir siendo individual”, sentenció.
RECLUTAMIENTO INFANTIL: LA OTRA CARA DE LA VIOLENCIA
Uno de los aspectos más delicados que aborda la iniciativa, aunque de manera indirecta, es el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos criminales. En entrevista, Ibarra Gallardo reveló que ha recibido denuncias de padres de familia y maestros sobre cómo los menores son captados en escuelas, parques o mediante redes sociales.
“Sabemos que es muy fácil reclutar a un niño, ya sea a través de un chat o simplemente en la calle. Por eso nuestra iniciativa también busca restringir herramientas que facilitan ese reclutamiento, y dar facultades a las autoridades para prevenirlo”, explicó.
La diputada recordó que ya presentó una iniciativa específica contra el reclutamiento forzado de menores en 2025, pero aún no ha sido dictaminada. “No podemos esperar más. Cada día que pasa, un niño o una niña puede ser arrancado de su familia para servir a la delincuencia”, lamentó.
REACCIONES: ENTRE EL RESPALDO INSTITUCIONAL Y EL ESCEPTICISMO
La iniciativa ha generado reacciones encontradas. Mientras que organizaciones como Digna Ochoa han señalado que cualquier medida debe garantizar la protección de derechos humanos y evitar la criminalización de comunidades indígenas, la bancada del PAN en el Congreso local ha respaldado abiertamente la propuesta.
“Es una respuesta jurídica a una realidad que ya está presente en nuestro estado. No es una ocurrencia ni una ocurrencia ideológica”, dijo la coordinadora de la fracción panista.
La diputada Ibarra Gallardo fue contundente: “Demando a la presidenta del Congreso que esta iniciativa no se quede en los archivos muertos. Seamos responsables con Chiapas”.
CHIAPAS EN EL MAPA NACIONAL DE LA VIOLENCIA
La iniciativa también busca posicionar a Chiapas como un actor activo en la agenda nacional de seguridad. La legisladora recordó que el estado ha promovido ante el Congreso de la Unión iniciativas para robustecer las capacidades del Estado mexicano, como el uso de armas de uso exclusivo del Ejército bajo esquemas legales y de control institucional.
“No podemos ignorar que el fenómeno de la violencia ha evolucionado. Frente a ello, el Estado debe evolucionar también”, insistió.
Datos recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubican a Chiapas entre los cinco estados con mayor incremento de homicidios dolosos en el último año, además de ser la principal ruta de migración irregular y tráfico de drogas hacia Centroamérica.
La quema de vehículos, bloqueos carreteros y el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas se han vuelto recurrentes en municipios como Tumbalá, Yajalón, Ocosingo y la propia Frontera Comalapa.
¿QUÉ SIGUE?
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Seguridad Pública y Protección Civil. De acuerdo con los tiempos legislativos, se espera un dictamen en un plazo de 30 a 60 días.
La diputada Ibarra Gallardo adelantó que buscará reuniones con organizaciones civiles, académicos y víctimas de violencia para enriquecer la propuesta. “No queremos una ley de escritorio. Queremos una ley que responda a lo que la gente vive en las comunidades”, afirmó.
Mientras tanto, en los municipios más golpeados por la violencia, la esperanza es que esta iniciativa no sea una más. “Ya no queremos miedo, queremos vivir en paz”, dijo una mujer desplazada de Pantelhó, quien pidió el anonimato en una entrevista de campo.
“Hoy tenemos la oportunidad de fortalecer nuestras instituciones, de darles mejores herramientas y de enviar un mensaje claro: en Chiapas no vamos a permitir que la violencia imponga sus reglas. Es momento de actuar con responsabilidad. Es momento de que la ley esté a la altura de la realidad que vivimos”. finalizó Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, diputada local del Partido Acción Nacional (PAN) en Chiapas.
