La violencia feminicida es la otra pandemia que Chiapas no ha querido erradicar
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
La tarde del 13 de abril de 2026, en la colonia Los Manguitos en el municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, una mujer de 27 años identificada como Ana Luisa “N” fue atacada con un machete por su pareja sentimental, Pablo “N”. El agresor le mutiló ambas manos y le causó heridas profundas en la cabeza y el torso. Tras el ataque, huyó del lugar, calidad que continúa como prófugo, a pesar de un operativo de búsqueda activado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y una ficha de localización a nivel nacional.
La víctima fue trasladada de emergencia a un hospital de Tuxtla Gutiérrez, donde permanece en estado crítico bajo atención del sistema IMSS-Bienestar. Su caso, junto con otros ataques recientes —incluyendo el ataque a balazos contra una joven en Tuxtla Chico y seis feminicidios solo en marzo—, encendió las alarmas en el Congreso del Estado.
El 15 de abril de 2026, durante una sesión ordinaria, la diputada local Marcela Castillo subió a la tribuna del Congreso de Chiapas para pronunciarse sobre los hechos. “Esta tribuna no puede ser ajena a lo que está ocurriendo en Chiapas”, declaró la legisladora. “Hago uso de ella para visibilizar la violencia que enfrentan las mujeres y para acompañar las exigencias de organizaciones y colectivas”.
Castillo mencionó específicamente a la organización Pacto de Sororidad, a la colectiva 50+1 y a diversas agrupaciones de la sociedad civil que han alzado la voz en las últimas semanas. “La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, es una realidad estructural que nos está rebasando”, advirtió.
La diputada reconoció los esfuerzos del Gobierno estatal y de la FGE —“como nunca ha existido una comunicación con activistas”, dijo—, pero fue contundente: “No está siendo suficiente. No es solamente responsabilidad de ellos. Es un problema estructural, social y delincuencial. La respuesta debe ser integral”.
LOS CASOS QUE ENCENDIERON LA ALERTA
En su intervención, Castillo enumeró una serie de agresiones ocurridas en un lapso de pocas semanas:
-Ana Luisa N. (Cintalapa): Mutilada con machete por su pareja.
-Beani L. (Tuxtla Chico): Atacada a balazos; lucha por su vida.
-Seis feminicidios registrados en marzo de 2026.
-Una tentativa de feminicidio en Tapachula.
-Ataque con machete en Marqués de Comillas.
-Otro ataque con machete en el propio Cintalapa, previo al de Ana Luisa.
“Si miramos un poco más allá, la realidad está todavía más dura”, enfatizó la legisladora. Y advirtió que muchas otras mujeres “ya no se encuentran entre nosotras”.
De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y febrero de 2026 se documentaron siete feminicidios, lo que representa un incremento del 133 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025. Marzo, con seis casos, fue el mes más violento del año hasta ahora.
Frente a este panorama, la diputada Castillo lanzó una interrogante que retumbó en el salón de sesiones: “Si ya se han realizado diferentes esfuerzos, incluso aquí en el Congreso del Estado, donde se han reformado las leyes —el Código Penal para endurecer las sanciones, aumentando las penas para los feminicidas—, donde se han ampliado los derechos de las mujeres, se han realizado políticas públicas y diferentes esfuerzos gubernamentales… ¿qué nos está faltando para evitar que esto siga sucediendo y que las mujeres dejemos de ser una estadística?”.
La diputada reconoció avances concretos: jornadas de atención, detenciones oportunas, sentencias con perspectiva de género que han marcado precedente. Sin embargo, insistió en que la violencia no cede porque el problema es estructural.
LAS EXIGENCIAS DESDE EL CONGRESO
A nombre de las organizaciones feministas, Castillo presentó una serie de demandas:
Para el caso de Ana Luisa N: Que se analice con perspectiva de género y se investigue como feminicidio en grado de tentativa; que los datos personales del presunto agresor sean tratados con debida diligencia; fortalecer los mecanismos de búsqueda de feminicidas.
Para el sistema de justicia: Órdenes de protección como mecanismo legal urgente que puedan solicitarse sin necesidad de iniciar un juicio formal; que el Poder Judicial actúe “sin dilaciones y sin burocracia”.
Para la prevención: Fortalecer la educación desde las escuelas, implementando un ABC contra la violencia en todos los niveles; exigir a los ayuntamientos el cumplimiento estricto de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia.
Para los municipios: 1ue los ayuntamientos se sumen activamente a una “cruzada en las comunidades, en el territorio”, porque ahí es donde la violencia comienza.
Para la ciudadanía: No permanecer en silencio. “Si se escucha violencia en un hogar, que se denuncie, porque las omisiones también permiten que la violencia continúe”. Colaborar activamente para dar con el paradero de Pablo “N”.
LA MOVILIZACIÓN EN LAS CALLES DE CINTALAPA
Mientras la diputada hablaba en el Congreso, decenas de personas salieron a las calles de Cintalapa. La Red de Mujeres Cintalapa, encabezada por su representante Dulce Isabel Zúñiga Velázquez, convocó una marcha que partió del barrio de Guadalupe y recorrió las principales vialidades hasta el parque central.
Entre consignas como “¡Ni una más!” y “¡Justicia para Ana Luisa!”, las manifestantes exigieron que la Fiscalía retome el caso como intento de feminicidio y que se detenga al agresor. Familiares de la víctima denunciaron que Pablo “N” ya contaba con antecedentes de violencia intrafamiliar e incluso tenía una orden de restricción vigente, la cual no fue suficiente para prevenir la agresión.
“Queremos que la Fiscalía actúe con debida diligencia y bajo los protocolos de género”, declaró Zúñiga Velázquez durante el mitin.
Por su parte, la colectiva 50+1 emitió un comunicado público en el que calificó los hechos de Cintalapa y Tuxtla Chico como “el síntoma de un sistema que sigue fallándole a las mujeres y a la niñez”.
El texto exigió una revisión urgente y real de la Alerta de Violencia de Género (AVG), que a su juicio “no puede seguir siendo un protocolo de papel mientras la sangre de las mujeres sigue corriendo”. También demandó reforzar los operativos de búsqueda y captura de feminicidas, y que el Poder Judicial actúe con perspectiva de género sin dilaciones.
“La violencia feminicida es la otra pandemia que Chiapas no ha querido erradicar”, sentenció el comunicado.
Desde noviembre de 2016, Chiapas cuenta con una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en siete municipios: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, Tonalá y Villaflores. Sin embargo, activistas y especialistas coinciden en que las medidas implementadas han sido insuficientes.
Cintalapa no forma parte de esos siete municipios, pero la violencia no ha respetado esa lista. El ataque a Ana Luisa es apenas el más reciente de una larga cadena que incluye desapariciones, feminicidios y agresiones brutales en zonas rurales y urbanas.
Al cierre de esta edición, la FGE no había reportado la detención de Pablo “N”. La ficha de búsqueda nacional sigue activa, y se ha solicitado a la ciudadanía cualquier información a través del 911.
El estado de salud de Ana Luisa N. continúa siendo delicado. Médicos del hospital de Tuxtla Gutiérrez no han emitido un pronóstico favorable, aunque familiares confirmaron que la joven ha mostrado signos de conciencia intermitentes.
En el ámbito legislativo, la diputada Marcela Castillo anunció que presentará un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a cumplir con cada una de las exigencias planteadas desde la tribuna. También solicitará una revisión integral de la Alerta de Violencia de Género en todo el estado.
