Casos en San Juan Chamula y Huitiupán evidenciaron vulneración de derechos humanos
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, la defensa de la tierra por mujeres indígenas ha derivado en detenciones arbitrarias amparadas en “usos y costumbres”, denunciaron activistas y autoridades locales. En San Juan Chamula, cuatro mujeres de la comunidad El Pozo fueron encarceladas en agosto tras negarse a ceder terrenos, mientras que en Huitiupán se repitió un caso similar en el ejido La Competencia, lo que evidenció un patrón de violencia contra derechos fundamentales.
La víctima de estas detenciones, Eunice Hernández López, relató que fue privada de su libertad pese a la presencia de sus hijos afuera de la celda. “Como reclamo mis derechos, me castigaron porque la asamblea manda”, señaló, describiendo cómo los sistemas normativos comunitarios se utilizan para justificar acciones que vulneran la integridad de mujeres que defienden su propiedad.
Si bien la ley reconoció la autonomía de las comunidades para resolver conflictos internos, organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicaron que el 72 por ciento de las quejas por violaciones a derechos humanos en comunidades indígenas están vinculadas con abusos de autoridad, en especial contra mujeres. Esto subrayó la necesidad de equilibrar la práctica de usos y costumbres con la garantía de derechos universales.
Algunos diputados del estado han analizado propuestas para obligar a ayuntamientos con comunidades normadas por usos y costumbres a capacitarse en derechos humanos e igualdad de género. Según datos oficiales del Instituto Nacional de las Mujeres, solo el 38 por ciento de las autoridades comunitarias indígenas ha recibido formación en perspectiva de género, un vacío que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres frente a abusos legales tradicionales.
Organizaciones defensoras del derecho a la tierra advirtieron que estos casos no son aislados. Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalaron que el 21 por ciento de mujeres indígenas mayores de 18 años ha enfrentado algún tipo de violencia física o legal relacionada con la propiedad de la tierra. Ante esta situación, activistas y legisladoras coinciden en que los sistemas normativos internos deben armonizarse con estándares de derechos humanos.
