Consumidores señalaron afectaciones financieras y pidieron vigilancia ante el aumento en uno de los productos más consumidos
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En San Cristóbal de Las Casas, el incremento al precio de la tortilla de 22 a 26 pesos por kilogramo reactivó la presión social sobre las autoridades, luego de que consumidores solicitaran la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor ante un ajuste que impacta en el gasto cotidiano. La medida, impulsada por un grupo de productores, ocurrió en un momento donde este alimento mantiene un peso central en la dieta local.
A partir del 1 de mayo, el nuevo precio comenzará a aplicarse en distintos puntos de la ciudad, aun cuando el acuerdo no fue respaldado de manera unánime por el gremio, lo que anticipó posibles diferencias en su implementación. Este aumento coincidió con un entorno inflacionario donde el precio promedio de la tortilla en el país ha crecido más de 30 por ciento en los últimos tres años, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Para las familias, el ajuste tiene un efecto inmediato, puesto que en México el consumo per cápita de tortilla ronda los 75 kilogramos al año, según la Secretaría de Agricultura. En la comarca, donde el 76.4 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza, el encarecimiento de productos básicos presiona aún más el poder adquisitivo y obliga a reorganizar el gasto doméstico.
Desde el sector productivo, el argumento central fue el aumento sostenido en los costos de insumos y operación, que incluyen harina de maíz, energía eléctrica y gas, elementos que han registrado incrementos en los últimos meses. Tan solo la electricidad ha tenido variaciones de hasta 12 por ciento en tarifas comerciales en el último año, mientras que los insumos derivados del maíz han mantenido una tendencia al alza en el mercado nacional.
La falta de consenso entre los propios tortilleros y la reacción de los consumidores tensaron el diálogo, mismo que podría escalar en los próximos días, sobre todo si no existe una mediación institucional. La solicitud de intervención busca establecer condiciones más claras en la fijación de precios y evitar que el impacto recaiga de forma desproporcionada en la población.
