Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.– La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), Ana Laura Romero Basurto, informó a la ciudadanía que, derivado de un procedimiento administrativo iniciado por hechos ocurridos en el municipio de Tapilula, esta autoridad resolvió la responsabilidad administrativa de una persona servidora pública adscrita al sector educativo, imponiendo como sanción su inhabilitación por un periodo de un año para ejercer empleo, cargo o comisión dentro del servicio público.
La resolución emitida reafirma el compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por el Dr. Eduardo Ramírez Aguilar, con la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, enviando un mensaje claro, firme y contundente de cero tolerancia frente a conductas que vulneren su dignidad, integridad y bienestar, particularmente en espacios destinados a su formación y desarrollo.
Ana Laura Romero Basurto subrayó que en la Nueva ERA la legalidad, la ética pública y la protección de los sectores más vulnerables no son discursos, sino principios que se traducen en acciones concretas y decisiones firmes.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno actuó con apego irrestricto al marco jurídico aplicable, garantizando en todo momento el debido proceso, así como el análisis objetivo y responsable de los hechos denunciados, privilegiando la transparencia, la justicia administrativa y la rendición de cuentas.
Asimismo, la dependencia refrendó su compromiso institucional de actuar con sensibilidad, determinación y firmeza para fortalecer espacios educativos seguros, inclusivos y libres de cualquier forma de violencia, en concordancia con la visión humanista impulsada por la administración estatal.
“La confianza ciudadana se construye con hechos y no con discursos; por ello, en Chiapas las denuncias se atienden, las investigaciones avanzan y las instituciones actúan conforme a derecho”, destacó la titular de la SAyBG.
Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continúa fortaleciendo una política de integridad pública basada en la prevención, la transparencia y la cero impunidad, privilegiando siempre el interés superior de la niñez chiapaneca.
