Vecinos exigieron investigar actividades de extracción atribuidas a una empresa relacionada con el alcalde de Motozintla
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Habitantes de diversos barrios de Motozintla presentaron una serie de denuncias por el impacto ambiental que ha generado una empresa de extracción de materiales ligada al presidente municipal, la cual genera antepone sus intereses económicos sin considerar las afectaciones que dicha actividad genera al ecosistema local y a la ciudadanía.
La preocupación expresada por vecinos de Chapultepec, Laureles, Rivera Hidalgo, Chelajú Chico, La Unión y Reforma surgió a partir de actividades que atribuyen a una empresa vinculada a la familia Meza Vargas-Pivaral, señalada por utilizar desde hace años el río Xelajú como banco de extracción de grava, arena y piedra, afluente que es fundamental para el equilibrio ambiental y el funcionamiento de las localidades en cuestión, puesto que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más de dos millones de personas se encuentran asentadas en territorios ligados a la conservación de recursos naturales.
Las afectaciones denunciadas incluyen la deforestación de áreas cercanas al cauce, modificaciones en la trayectoria natural del río y la acumulación de montículos de material pétreo dentro del afluente, condiciones que generan inquietud entre los habitantes y que cobran importancia debido a que estudios ambientales desarrollados en la Sierra Madre de Chiapas han identificado pérdidas de hasta 274 toneladas de suelo por hectárea al año en zonas sujetas a procesos severos de erosión.
La posibilidad de que estas alteraciones incrementen los riesgos durante la temporada de lluvias preocupa a las comunidades situadas en los márgenes del río, sobre todo porque investigaciones difundidas por instituciones ambientales puntualizaron que alrededor del 43 por ciento del territorio chiapaneco presenta niveles de erosión moderada, severa o muy severa, fenómenos que suelen favorecer el azolvamiento de cauces y aumentar la vulnerabilidad ante precipitaciones intensas.
Los ciudadanos solicitaron a autoridades ambientales del estado una revisión exhaustiva de las actividades denunciadas y la verificación de las autorizaciones correspondientes, bajo el argumento de que la protección de los ecosistemas resulta estratégica en una entidad que ha experimentado pérdidas constantes de cobertura forestal y contaminación de ríos.
