El fenómeno de la movilización voluntaria fue motivado por vínculos familiares o de parentesco con personas buscadas por la justicia
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En medio de crecientes versiones sobre el desplazamiento forzado de 60 familias en la comunidad de El Sabinalito, autoridades estatales de Chiapas encabezadas Óscar Alberto Aparicio Avendaño y el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, descartaron que se trate de un fenómeno derivado de la violencia, asegurando que la movilización obedece a causas voluntarias y que los núcleos familiares involucrados podrían tener vínculos con personas buscadas por la justicia y relacionadas con el grupo delictivo denominado El Maíz.
La conferencia de prensa, realizada en Tuxtla Gutiérrez, buscó aclarar la situación en la zona Sierra, particularmente en el municipio de Frontera Comalapa, donde desde hace más de dos años se registraron episodios de violencia atribuida a organizaciones criminales que, de acuerdo con las investigaciones oficiales, habían establecido una base social en distintas comunidades rurales.
CONTEXTO: DOS AÑOS DE VIOLENCIA Y AUSENCIA INSTITUCIONAL
La región Sierra de Chiapas fue señalada por las propias autoridades estatales como el epicentro de la violencia en el estado durante 2023 y gran parte de 2024. Según expuso Llaven Abarca, durante ese periodo comunidades enteras se vieron sometidas a restricciones de movilidad, presencia armada de grupos delictivos y ausencia de autoridad.
“El año pasado había horas interminables de violencia; la gente estaba sometida y no podía salir de sus casas. Eso quedó atrás”, declaró el fiscal general al recordar que, antes del 8 de diciembre de 2024 —cuando asumió el actual gobernador Eduardo Ramírez Aguilar—, el libre tránsito estaba prácticamente cancelado en varios municipios de la Sierra, incluyendo Frontera Comalapa, Chicomuselo y Mazapa.
El diagnóstico oficial sostiene que la zona había sido cooptada por el grupo El Maíz, una red generadora de violencia que, además de enfrentamientos armados, estableció vínculos sociales y de protección con sectores de la población local. Dicho grupo mantenía presencia en comunidades como Paso Hondo, El Sabinalito y Santa Teresa Llano Grande, desde donde extendió su influencia a otros municipios colindantes con Guatemala.
RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD: DETENCIONES Y ASEGURAMIENTOS
Con base en los informes presentados, desde el inicio de la actual administración estatal se desplegó una estrategia conjunta entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y corporaciones estatales. El resultado, según las autoridades, se traduce en:
-129 detenidos en Frontera Comalapa por delitos como extorsión, homicidio, desaparición forzada, narcomenudeo y abuso de autoridad.
-90 órdenes de aprehensión ejecutadas y más de 50 pendientes.
-127 imputados vinculados a proceso por su presunta participación en actividades criminales.
-Más de 78 vehículos asegurados, entre ellos unidades tipo “monstruo” utilizadas en combates armados.
-Siete personas detenidas consideradas como generadores de violencia prioritarios.
-Cuatro líderes identificados del grupo El Maíz con fichas rojas de Interpol.
El fiscal general detalló que las solicitudes de colaboración internacional ya fueron turnadas a Interpol México y a las autoridades guatemaltecas para facilitar la captura de estos cabecillas, que actualmente habrían cruzado la frontera.
LA POLÉMICA SOBRE EL DESPLAZAMIENTO EN EL SABINALITO
El punto más delicado de la conferencia giró en torno a las denuncias de desplazamiento forzado en la comunidad de El Sabinalito, municipio de Frontera Comalapa. Medios locales y habitantes habían reportado la salida de aproximadamente 60 familias rumbo a aldeas guatemaltecas, particularmente hacia Wailá, una localidad cercana a la línea fronteriza.
Sin embargo, Llaven Abarca y Aparicio Avendaño sostuvieron que no existe desplazamiento forzado, sino una movilización voluntaria motivada por vínculos familiares o de parentesco con personas buscadas por la justicia.
“Lo que tenemos documentado es que estas familias pudieron haberse trasladado a Guatemala por tener lazos con quienes cuentan con órdenes de aprehensión. No hay evidencia de que se hayan ido por amenazas directas ni por hechos recientes de violencia”, subrayó el fiscal.
La postura oficial busca diferenciar la actual coyuntura con la situación vivida en 2023, cuando comunidades enteras de la Sierra huyeron de sus hogares tras enfrentamientos armados y bloqueos carreteros que paralizaron la región.
OPERATIVOS EN LA FRONTERA Y DESPLIEGUE MILITAR
El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, informó sobre la magnitud del despliegue operativo en la región fronteriza, que incluye:
-Más de mil 500 elementos de Ejército, Guardia Nacional, Marina y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.
-Un helicóptero Black Hawk artillado que realiza sobrevuelos diarios.
-Tres drones artillados con funciones de reconocimiento y respuesta.
-Tres puntos de atención ciudadana “Kanan” ubicados en Pacayal, Santa Teresa Llano Grande y El Sabinalito.
Además, Aparicio enfatizó la creación de una nueva Fiscalía de Distrito Sierra Mariscal, con sede en la propia zona serrana, que busca atender directamente las denuncias de la población sin necesidad de trasladarse a Comitán, como ocurría en el pasado.
NARCO-PROPAGANDA Y CONTROL DE LA PERCEPCIÓN
Un elemento destacado en la conferencia fue la denuncia de las autoridades respecto a la existencia de “narcopáginas”, cuentas en redes sociales que, de acuerdo con el secretario de Seguridad, difunden información falsa para generar pánico entre la población.
Aparicio aseguró que dos páginas ya fueron desactivadas y que hay personas detenidas por su presunta vinculación con dichas plataformas. “Lo que buscan es causar miedo y debilitar la percepción de seguridad. No lo vamos a permitir”, afirmó.
El funcionario vinculó estas campañas con intentos de los grupos delictivos por recuperar presencia en la zona. Sin embargo, insistió en que los indicadores nacionales colocan a Chiapas en una posición favorable en materia de seguridad: tercer lugar a nivel nacional en delitos de alto impacto y cero robos carreteros en los últimos meses.
TENSIONES CON GUATEMALA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Tanto el fiscal como el secretario señalaron que la frontera con Guatemala sigue siendo un punto vulnerable, al que calificaron como “poroso”, por donde se movilizan presuntos integrantes de grupos criminales.
En este sentido, mencionaron que algunos de los ataques recientes en la región habrían sido ejecutados desde el lado guatemalteco, lo que refuerza la necesidad de colaboración internacional. “Tenemos conocimiento de que la mayoría de los delincuentes que buscamos están en Guatemala. Por eso pedimos el apoyo de Interpol y de las autoridades del vecino país”, puntualizó Aparicio.
Las autoridades locales también destacaron que comparten información con agencias de seguridad de Estados Unidos, dada la relevancia de la frontera sur mexicana como corredor del crimen organizado.
BALANCE OFICIAL: AVANCES Y PENDIENTES
A ocho meses de la implementación de la estrategia de seguridad en la Sierra, la narrativa oficial se centra en los avances alcanzados: libre tránsito en carreteras antes controladas por grupos criminales, reducción de enfrentamientos y presencia permanente de fuerzas armadas.
No obstante, reconocen la existencia de “brotes aislados de violencia” en regiones como la Frailesca y la propia Sierra, aunque aseguran que se atienden de forma inmediata y con detenciones rápidas.
“Hoy la paz y la tranquilidad de Chiapas están garantizadas”, concluyó el fiscal Llaven Abarca, al tiempo que reiteró que el presunto desplazamiento de familias no corresponde a un patrón de violencia reciente, sino a una decisión voluntaria de quienes podrían estar vinculados a individuos con órdenes de captura.
El discurso oficial en Chiapas plantea un escenario de recuperación institucional en la Sierra, donde la violencia de años anteriores habría sido contenida por un despliegue militar sin precedentes.
La versión de que las familias de El Sabinalito abandonaron sus hogares de manera voluntaria refuerza la narrativa gubernamental de control territorial y estabilidad, aunque persisten dudas en sectores locales sobre si la presión indirecta de los operativos y la persecución judicial pudo haber influido en esa decisión.
En un estado históricamente marcado por la fragilidad en la frontera sur, la gestión del fenómeno de desplazamiento y la eficacia de la cooperación internacional serán claves para determinar si la pacificación de la Sierra es un logro consolidado o un proceso aún en disputa.
