Disputas agrarias, desplazamientos y desapariciones forman parte de una crisis que se ha normalizado
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Durante más de tres décadas, Chiapas ha convivido con una cadena de conflictos que han evidenciado la fragilidad del Estado de derecho. Disputas agrarias, violencia comunitaria y tensiones territoriales coexisten con la desigualdad social más profunda del país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, estimó que el 75 por ciento de la población chiapaneca vive en pobreza y casi el 30 por ciento en pobreza extrema, lo que ha alimentado la desconfianza hacia las instituciones y la persistencia de la impunidad.
En Tila, Chenalhó y Pantelhó se concentraron algunos de los casos más visibles de desplazamiento, desapariciones y violencia rural, pero el patrón se repite en toda la entidad. En los Altos, la falta de justicia por la masacre de Acteal sigue siendo una herida abierta; en la Sierra Madre, los pobladores de Honduras de la Sierra reclaman su reincorporación a Siltepec por abandono institucional; mientras en los límites con Oaxaca, la disputa por 160 mil hectáreas continúa sin solución.
El conflicto no solo es territorial, sino también humano. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, la comarca ocupa el sexto lugar en desapariciones, con más de tres mil casos documentados desde 2016. A ello se suman más de mil 600 muertes violentas en el mismo periodo, cifras que reflejaron la ausencia de justicia y la descomposición del tejido social. Las comunidades desplazadas sobreviven entre el miedo, la pobreza y la indiferencia gubernamental.
A 31 años del levantamiento zapatista, la desigualdad que lo originó persiste intacta. En las regiones indígenas, el 68 por ciento de la población carece de acceso a la salud y el 54 por ciento enfrenta carencias alimentarias, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. La educación sigue rezagada y las oportunidades laborales son mínimas, manteniendo a las comunidades en una marginación estructural que perpetúa los ciclos de conflicto.
Mientras los gobiernos cambian de nombre, las causas permanecen. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano reconoció más de mil 200 conflictos agrarios activos en la entidad, un reflejo de que el problema no es solo la tierra, sino la desigualdad que ha echado raíces en cada rincón del estado. Resolverlos implica más que aplicar la ley, exige reconstruir la confianza y reconocer que la paz no puede germinar donde la justicia nunca ha existido.
