Integrantes de una comunidad religiosa cuestionaron que las fiestas patronales se utilicen para actividades vinculadas con adicciones
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Aunque las celebraciones comunitarias suelen presentarse como espacios de convivencia y tradición, mujeres de la comunidad parroquial San Pedro y San Pablo advirtieron que la expansión del alcohol, las drogas y la prostitución durante las ferias ha generado entornos que alimentan episodios de violencia en localidades de la región. Desde su perspectiva, la normalización de estas prácticas ha modificado el sentido de las festividades y ha abierto un debate sobre el impacto social de actividades que, lejos de fortalecer el tejido comunitario, terminan deteriorándolo.
Mientras organizaciones civiles y grupos religiosos impulsaron actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, el pronunciamiento comunitario colocó en el centro la preocupación por la relación entre adicciones y conflictos sociales, una dinámica que distintos diagnósticos nacionales también han advertido. Datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco indicaron que más del 19 por ciento de la población mexicana ha consumido alcohol de forma excesiva al menos una vez al mes.
En su posicionamiento público, las mujeres señalaron que el uso del nombre de fiestas patronales para promocionar eventos donde predominan actividades vinculadas con alcohol y drogas representa una distorsión de la vida comunitaria y de las prácticas religiosas. Su crítica también se dirigió a la falta de regulación de estos espacios, puesto que estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportaron que alrededor del 40 por ciento de los casos de violencia familiar en el país están asociados al consumo de alcohol.
Al mismo tiempo que cuestionaron estas dinámicas, las participantes de la peregrinación por el 8M ampliaron su denuncia hacia problemáticas que consideran conectadas con la disputa territorial, entre ellas la explotación minera. Registros de la Secretaría de Economía detallaron que en México existen más de 24 mil concesiones mineras vigentes, una cifra que organizaciones sociales consideran relevante al analizar tensiones comunitarias y conflictos relacionados con el control de recursos naturales.
Este llamado tomó peso al considerar que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante 2023 se registraron más de 32 mil homicidios en el país, una estadística que organizaciones sociales utilizan para insistir en estrategias comunitarias de prevención que incluyan la reducción del consumo de sustancias.
