Más de 1.7 millones de trabajadores carecen de prestaciones, seguridad social y estabilidad en sus ingresos
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, la informalidad laboral no solo define la forma en que millones de personas generan ingresos, también configura una deuda social acumulada que limita el acceso a derechos básicos como salud, vivienda y seguridad económica. Con más del 75 por ciento de la población ocupada en esta condición, el estado enfrenta un modelo laboral que sostiene la economía diaria, pero debilita las garantías a largo plazo.
Mientras el empleo formal se mantiene como una opción limitada, más de 1.7 millones de trabajadores operan fuera de esquemas que les permitan acceder a prestaciones o estabilidad, lo que los expone a ciclos constantes de incertidumbre. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indicaron que la informalidad en México ronda el 55 por ciento, lo que colocó a la comarca muy por encima del promedio nacional y evidenció una brecha estructural persistente.
A medida que la economía informal se normaliza, surgen dinámicas laborales donde los ingresos pueden ser variables e incluso superiores en ciertos periodos, aunque sin protección ante enfermedades, accidentes o vejez. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señaló que más del 60 por ciento de la población en la región carece de acceso a seguridad social, lo que agrava las condiciones de vulnerabilidad en este sector.
En contraste con una tasa de desempleo baja, el problema de fondo se encuentra en la calidad del empleo disponible, donde la mayoría de los trabajadores no cuenta con ingresos garantizados ni mecanismos de ahorro o pensión. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro advirtió que cerca del 70 por ciento de los trabajadores en México no tendrá una pensión suficiente al finalizar su vida laboral, una proyección que impacta con mayor fuerza en entidades con alta informalidad.
Frente a este panorama, la informalidad dejó de ser una alternativa económica y se convirtió en un factor que profundiza la desigualdad y reduce la capacidad de desarrollo del estado. El Banco Mundial estimó que economías con altos niveles de empleo informal pueden perder hasta un dos por ciento de crecimiento anual, lo que planteó la urgencia de generar estrategias que permitan transitar hacia esquemas laborales más equitativos y sostenibles.
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La mayoría de los trabajadores no cuenta con ingresos garantizados ni mecanismos de ahorro o pensión
