Autoridades estatales deberán transparentar el avance del gasto en seguridad y cumplir con plazos definidos para evitar sanciones financieras
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Aunque el presupuesto destinado a seguridad pública en Chiapas para 2026 alcanzó los 412.1 millones de pesos, su uso estará condicionado por reglas estrictas que limitan la discrecionalidad y obligan a devolver cualquier recurso no ejercido, lo que coloca en la capacidad operativa del estado para aplicarlo con eficiencia.
Al tomar en cuenta antecedentes recientes en la ejecución del gasto público, datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicaron que la comarca dejó sin ejercer cerca del seis por ciento de recursos federales en distintos programas, lo que anticipa el reto de evitar subejercicios bajo un esquema más vigilado.
A medida que los lineamientos federales exigen reportes constantes y cumplimiento de metas, el financiamiento en seguridad se convierte en un instrumento sujeto a evaluación continua, más que en una bolsa flexible de recursos. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubicaron a la entidad con una tasa de 18.7 delitos por cada mil habitantes, lo que incrementa la presión para que el gasto tenga resultados medibles.
Bajo este modelo, la obligación de reintegrar recursos no comprometidos o no pagados introduce un mecanismo de disciplina financiera que busca cerrar espacios a la opacidad, al tiempo que expone limitaciones administrativas en la ejecución estatal. Información de la Auditoría Superior de la Federación ha documentado observaciones recurrentes en el uso de fondos de seguridad en ejercicios anteriores, relacionadas con retrasos y fallas en comprobación.
En paralelo, el esquema de supervisión también obliga a transparentar el avance del gasto frente a una demanda social por mejores condiciones de seguridad, ya que el 67 por ciento de la población en la región percibe inseguridad en su entorno según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La posibilidad de devolver recursos no utilizados evidencia que el principal obstáculo radicará en convertir el presupuesto en acciones concretas dentro de los plazos establecidos.
