Juan Carlos Gómez Aranda
La vecindad con los Estados Unidos plantea una paradoja persistente: por un lado, abre un horizonte de oportunidades económicas y comerciales; por otro, impone desafíos derivados de la asimetría entre ambos países. Ya se dijo: vivir a su lado es como dormir con un elefante: no importa cuán amistoso parezca, uno puede terminar aplastado.
En el contexto de la guerra con Irán —más compleja de lo previsto por el Pentágono— y a las puertas de las elecciones de medio término, que definirán la composición del Congreso para los próximos dos años, con la popularidad del presidente Trump en descenso, México y Estados Unidos protagonizan una crisis diplomática y jurídica detonada por las acusaciones del gobierno estadounidense contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios, este episodio se perfila como uno de los más delicados de las últimas cinco décadas. Más allá de su evolución y desenlace —al igual que el caso de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua— el momento pone de relieve la fragilidad de los equilibrios institucionales y la rapidez con que la desconfianza puede escalar en una relación tan interdependiente. El silencio hasta ayer del señor Trump no es buen augurio.
En 1985, el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena marcó un quiebre en la cooperación antidrogas. A partir de entonces surgieron fricciones recurrentes: desde el polémico mecanismo de “certificación” de las políticas mexicanas contra el narcotráfico, hasta los reproches de nuestro país por el tráfico de armas. Paralelamente, sectores nacionales como el agropecuario y el pesquero enfrentaron sanciones comerciales, mientras que, en años recientes, políticas como la construcción del muro fronterizo y el endurecimiento de las deportaciones añadieron tensiones de carácter político y humanitario.
Sin embargo, la historia común también muestra que, incluso en los momentos más complejos, ambos países han encontrado caminos para reconstruir la cooperación. La profundidad de los vínculos económicos, sociales y culturales hace inviable una crisis duradera. De cara al futuro, la coyuntura actual puede convertirse en una oportunidad para replantear mecanismos de diálogo más equilibrados basado en el respeto de la soberanía nacional y construir una agenda común fincada en la corresponsabilidad.
En esa perspectiva, más que resignarse a la metáfora del elefante, México y Estados Unidos tienen la posibilidad de demostrar que la vecindad también puede ser sinónimo de colaboración madura y entendimiento estratégico.
Proyectos con un enfoque de productividad para el sur-sureste
Esta es una región de profundas paradojas. Por un lado, concentra algunas de las mayores riquezas del país: vastos recursos de agua dulce, una mega biodiversidad única, extensas selvas y bosques, un invaluable patrimonio arqueológico, reservas de hidrocarburos y, sobre todo, una población con una riqueza cultural excepcional, a la que se suma una posición geográfica que conecta al Golfo de México con el Pacífico y vincula a México con Centroamérica.
Por otro lado, esta abundancia contrasta con un obstinado rezago estructural. Superar estas brechas no es una cuestión de justicia social, sino una condición indispensable para que su riqueza se traduzca en bienestar.
Desde la década de 1990, se ha buscado impulsar el desarrollo regional mediante la construcción de infraestructura que atraiga inversión y genere empleo, más allá de los programas asistenciales. Iniciativas como el Plan Puebla-Panamá, el Proyecto Mesoamérica o los de integración con el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) marcaron intentos relevantes, pero enfrentaron falta de continuidad, cambios de enfoque y crisis económicas que limitaron su impacto.
Desde antes, con el Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (PIDER) en 1970, se intentó articular la acción gubernamental frente a la desigualdad. Posteriormente, programas como PRONASOL y PROGRESA —y sus evoluciones— lograron mitigar carencias inmediatas, pero no transformaron de fondo las capacidades productivas de la región.
Hoy, iniciativas como el Proyecto Interoceánico, el Tren Maya, los polos de desarrollo para el bienestar, los gasoductos y la modernización portuaria, junto con una mayor conexión con Centroamérica, apuntan a sentar bases más sólidas para el crecimiento. Su valor radica en un cambio de enfoque: pasar de la transferencia al impulso productivo, de la asistencia a la generación de oportunidades, de la dispersión de recursos a la atracción de inversiones y empleos formales.
En este contexto, el gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez contribuye desde el ámbito local al fortalecimiento del tejido social, la educación, la construcción de paz y de infraestructura de comunicaciones, elementos indispensables para que el desarrollo sea incluyente y sostenible.
La diferencia, esta vez, estará en la capacidad de sostener una visión de largo plazo, asegurar continuidad en las políticas y colocar la productividad en el centro de la estrategia. Solo así la riqueza de la región dejará de ser una promesa para convertirse, por fin, en bienestar compartido y duradero.
