May Rosas
La apuesta filosófica de Eduardo Ramírez para Chiapas
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar no conversa como un gobernante típico. En el podcast “Platicando con el Jaguar”, el mandatario chiapaneco se sentó a dialogar con su consejero jurídico, Guillermo Nieto Arreola, y el resultado es un ejercicio inusual en la política mexicana. No hay declaraciones huecas ni promesas de campaña recicladas. Hay teoría del Estado, filosofía política, citas a Locke, Hobbes, Rousseau, Platón, Kelsen y Hegel. Hay un intento deliberado por construir algo que en la administración pública casi siempre brilla por su ausencia, una base ética para el ejercicio del poder.
La conversación revela una tensión productiva entre dos maneras de entender la ley. La primera, asociada al positivismo jurídico formal que Hans Kelsen sistematizó, concibe el derecho como un sistema cerrado de normas donde la validez importa más que el contenido. La segunda, de raigambre hegeliana, concibe al Estado como la culminación ética de la sociedad, una especie de espíritu objetivo que da sentido a la convivencia. Ramírez y Nieto, que alguna vez fueron maestro y alumno en un doctorado, no se quedan en la abstracción. Bajan esas ideas al terreno áspero de Chiapas.
Un ejemplo concreto aparece cuando hablan del Cañón del Sumidero. El consejero jurídico explica que se está gestionando un ajuste al polígono del área natural protegida para incluir viviendas que hoy carecen de certeza jurídica. La decisión implica cambiar los límites de una reserva ecológica, una medida que en otro Gobierno se habría resuelto con un decreto autoritario o, peor aún, con la indiferencia. Aquí el procedimiento incluye diálogo coordinado con los municipios de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez. También mencionan la recuperación de un predio en el barrio San Francisco, donde un oportunista se había adueñado de la tierra. La anécdota es pequeña, pero revela una lógica más amplia, el Estado no actúa por reflejo mecánico, sino con una finalidad que distingue entre lo formalmente legal y lo éticamente deseable.
El enfoque que Nieto y Ramírez denominan Humanismo Chiapaneco intenta resolver esa contradicción. No se trata de abandonar el Estado de derecho, sino de dotarlo de una identidad. La ley no puede ser fría ni indiferente a las personas que debe proteger. En esa línea, el Gobierno de Eduardo Ramírez ha impulsado una actualización de la Constitución Política local para fortalecer la división de poderes y garantizar que el ordenamiento no se convierta en un instrumento de opresión. La apuesta es audaz, sincronizar las reformas federales, como la del Poder Judicial, con los usos y costumbres de los pueblos originarios de Chiapas. Ese equilibrio entre lo nacional y lo comunitario define buena parte de lo que llaman la Nueva Era.
Hay un desplazamiento teórico relevante. El positivismo kelseniano entiende la validez de la norma como un fin en sí mismo. El enfoque pro persona que promueve la administración de Ramírez Aguilar invierte esa lógica. La ley vale en la medida en que garantiza derechos, no al revés. Por eso programas como Chiapas Puede o Cuidar es Amar no se presentan como dádivas asistencialistas, sino como la materialización de derechos sociales constitucionalmente reconocidos. La paridad sustantiva, la protección reforzada a grupos vulnerables, la transversalidad en el Plan Estatal de Desarrollo, todos esos conceptos buscan anclar la legalidad en la vida cotidiana de la gente.
El consejero jurídico Guillermo Nieto Arreola es una pieza clave en este entramado. Su formación académica, filosófica y su relación previa con el gobernador permiten que la conversación fluya entre el pensamiento abstracto y la gestión concreta. Cuando hablan de Hegel, no lo hacen por pedantería intelectual. La noción hegeliana de que el Estado es la realidad de la idea ética encuentra aquí una expresión práctica, la rectoría chiapaneca como guía espiritual y política, no solo administrativa. El gobernador supera las contradicciones sociales mediante la síntesis que da estabilidad. Es una visión orgánica, lejana al individualismo posesivo de Locke o al contrato social de Rousseau.
Pero lo más llamativo del diálogo es cómo define la estrategia jurídica del sexenio. La certeza jurídica se ha convertido en el pilar para atraer inversiones y mantener la estabilidad social. Sin embargo, ese orden no se impone por la fuerza. Ramírez prioriza el diálogo y la mediación, elevando la concertación política a un rango de procedimiento cuasi jurídico, especialmente en conflictos agrarios y sociales. La profesionalización de la administración pública busca que cada acto de autoridad esté fundado y motivado, reduciendo la discrecionalidad en la asignación de recursos y contratos. El mensaje es claro, quien quiera hacer negocios en Chiapas encontrará reglas claras, pero también un Estado que no se esconde detrás de la letra muerta de la ley.
La construcción del Estado de derecho se hace de abajo hacia arriba. El gobernador Ramírez ha insistido en fortalecer las facultades de los ayuntamientos, no como simples ejecutores, sino como entes con capacidad de gestión legal autónoma. El fomento a la justicia de paz y la mediación comunitaria busca que la ley llegue a las zonas más remotas sin las barreras burocráticas tradicionales. Esa descentralización de la justicia tiene un eco en la filosofía política que discuten en el podcast, la ley no puede ser un privilegio de quienes viven cerca de los palacios.
La entrevista con Nieto Arreola deja una impresión profunda. Eduardo Ramírez no es un gobernante que improvisa. Su enfoque jurídico tiene una arquitectura intelectual sólida, heredada de sus años de formación doctoral y nutrida por la práctica política. El Humanismo chiapaneco puede sonar como una etiqueta más, pero el contenido que le están poniendo es sustantivo. La redefinición del polígono del Cañón del Sumidero es un ejemplo pequeño de una ambición más grande, construir un Estado de derecho que tenga alma, que reconozca las contradicciones sociales y las resuelva con ética, no con formalismos vacíos.
Chiapas ha sido durante décadas un laboratorio de conflictos y desigualdades. La apuesta de Ramírez es convertir ese mismo escenario en un laboratorio de un nuevo pacto jurídico. La ley, bajo esta óptica, deja de ser un muro que separa al Estado de la sociedad. Se vuelve un puente. Y ese puente, como bien lo discuten con Hegel en el podcast, solo se sostiene si está cargado de propósito e identidad.
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