Héctor Estrada
Urge freno legal contra funcionarios electoreros en Chiapas
Obligar a los funcionarios a que se separen del cargo tres años antes de contender a una candidatura es una propuesta que se ha planteado en diferentes legislativos de México como alternativa para regular lo que ya no es un secreto para nadie: el uso, cada vez más descarado, de dependencias y recursos gubernamentales para promover a servidores públicos con fines electorales.
Y es que, en Chiapas el asunto se ha vuelto todavía más crítico. Durante los últimos años la entidad ha padecido del dispendio de funcionarios que, sin importar lo delicado su encargo, han hecho uso desmedido de programas de Gobierno, dinero público y hasta del personal adscrito a su dependencia (muchas veces bajo condicionamiento laboral) para hacer campaña sin ningún disimulo.
El caso reciente más escandaloso es, sin lugar a dudas, el del actual senador José Manuel Cruz Castellanos, a quien se le atribuye un desfalco de más de 220 millones de pesos durante su paso por la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas; dependencia que utilizó impunemente como plataforma de financiamiento y promoción, con miras a una posible candidatura al Gobierno estatal, que casi se le hizo.
Sin embargo, el asunto se ha vuelto una práctica cada vez más constante, que sucede abiertamente, bajo trampas o recovecos legaloides y sin que la autoridad electoral haga algo realmente contundente para evitarlo. Porque, pese a las evidencias y el hartazgo social, los casos siguen sucediendo en Chiapas, ante la vista de todos y con la venia de quienes permiten tanto exceso… Y si los ejemplos faltan, agregue usted los nombres que considere.
Por eso, las iniciativas de ley para regular esa práctica gubernamental han cobrado fuerza en los congresos del país. El objetivo es claro: extender, mucho tiempo más, el plazo de prohibición legal para que cualquier persona ostente un cargo público antes de competir por un puesto de elección popular.
El tema central tiene que ver con la existencia de una legislación bastante laxa en materia de tiempos para las separaciones de cargos públicos, neutralidad y equidad dentro de los procesos electorales. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, la Constitución Política establece un plazo de apenas 90 o 120 días antes de la elección para que los funcionarios públicos -que aspiran a una diputación y Presidencia municipal- se separen del cargo; y de solo 120 días para quienes buscan competir por la Gubernatura.
Es decir, para la hora de la separación obligatoria, el funcionario habrá concluido su prolongada campaña institucionalizada solo tres o cuatro meses antes de las votaciones, haciendo que el plazo establecido por la Constitución (para supuestamente “evitar” el uso de cargos públicos como elementos de proselitismo) sea claramente inútil y absurdo.
La amañada falta de realidad en la legislación electoral vigente ha hecho que, durante años, muchas dependencias terminen convirtiéndose en simples espacios de financiamiento y proyección personalizada. Situación que antes trataba de disimularse y ahora se realiza de forma excesiva y abierta. Dejando, además, una serie de discordancias entre lo establecido por la Constitución Política o la ley de desarrollo constitucional municipal y la ley de instituciones y procedimientos electorales.
Por ello, se han comenzado a impulsar reformas de neutralidad y equidad en los procesos. Como la presentada recientemente en el Congreso de Chiapas, denominada “Seguridad y Justicia Prioritaria”, que busca exigir la separación del cargo a los titulares de las fiscalías y las secretarías de seguridad pública tres años antes de intentar buscar un cargo de elección popular; todo tomando en cuenta su rol estratégico y sensible en la crisis de violencia que enfrenta la entidad.
Sin embargo, hoy resulta evidente que la medida requiere mayores alcances. Siguiendo el ejemplo de lo propuesto en otras entidades, la posible reforma electoral en la entidad para regular el uso de cargos públicos como herramienta de proselitismo anticipado necesita de normas más generalizadas que, finalmente, establezcan límites a los funcionarios desbocados.
Y es que, los excesos vividos en Chiapas recientemente son justificación suficiente para impulsar nuevas leyes avocadas a elevar la protección de los recursos institucionales contra la ambición electoral de “gallos políticos” que, desde entonces, deberán entender que para aspirar a candidaturas será necesario olvidarse del control de dependencias y cargos públicos por al menos tres años consecutivos… así las cosas.
