May Rosas
Mujeres prestadas en la vida política
La propuesta del gobernador Eduardo Ramírez de reservar más de la mitad de las alcaldías de Chiapas para mujeres en 2027 es, en el papel, un gesto audaz. La realidad en las entidades federativas acostumbra a ser tozuda y a reírse de esos papeles. El mandatario ha reconocido el retroceso electoral de 2024 y quiere corregirlo con una reforma que garantice la paridad real en los ayuntamientos. Pero el verdadero desafío de esa iniciativa no se agota en el número de sillas asignadas, sino en evitar que esos espacios terminen convertidos en una farsa institucional, una coreografía bien montada donde el poder municipal siga siendo, como ha ocurrido durante décadas, un asunto de hombres apellidados.
La fotografía actual de la participación femenina en el poder local no es alentadora. Durante el proceso electoral de 2024, las mujeres alcanzaron el 57 por ciento de las candidaturas registradas, pero esa proporción se derrumbó estrepitosamente a la hora de concretar victorias. Apenas 22 de las 123 alcaldías en disputa terminaron encabezadas por una mujer, lo que representa un magro 17.8 por ciento. La cifra incluso empeora si se consideran los datos históricos recientes, pues en el trienio 2015-2018 se eligieron 38 presidentas municipales, y en el ciclo 2018-2021 fueron 35. Para el periodo 2024-2027, esa cifra ha ido descendiendo de manera alarmante. Si se amplía la mirada en la historia municipal en Chiapas, tan solo el 2.63 por ciento de las presidencias han estado en manos de mujeres, una cifra que, por sí sola, retrata la dimensión del muro que se pretende derribar.
Lo más irritante de este panorama, sin embargo, no es la escasez de mujeres en el poder, sino la facilidad con la que ciertos grupos han aprendido a simular la paridad. En Chiapas ya se institucionalizó una práctica cínica que podríamos llamar la “suplencia palaciega”: cuando a un político varón se le cierra la puerta por la vía de la cuota de género, coloca en el cargo a su esposa, a su hija o a su cuñada, y continúa manejando los hilos desde las sombras. Los casos históricos abundan. En San Cristóbal de Las Casas, Sergio Lobato no pudo ser diputado, así que puso a Soledad Martínez. En Ocosingo, Arturo Zúñiga hizo lo propio con su esposa María de los Ángeles Trejo Huerta. En Tapachula, la exesposa de Ezequiel Orduña, Alejandra Cruz Toledo, ocupó la curul por designación familiar. La costumbre se ha vuelto tan cotidiana que el padrón de esposas políticas en Chiapas merecería un archivo propio.
Esta tradición de la “mujer prestada” se extiende a las presidencias municipales con idéntica falta de pudor. En Ixhuatán, la presidenta municipal María Guadalupe López Camacho es esposa de Horacio Domínguez, un personaje que ha sido tres veces presidente municipal y diputado local. Adivine usted quién da el visto bueno de los acuerdos, reparte la obra y atiende en la Presidencia mientras ella figura en las fotos oficiales. Horacio Domínguez, por supuesto. Otro caso, y este más grotesco, es el de Julieta Gómez Jiménez, presidenta municipal de Amatenango del Valle. La señora Gómez Jiménez ganó la elección, tomó protesta y, sin embargo, el bastón de mando fue a parar a manos de su esposo, Salomón López Gordillo, en una ceremonia oficial en que lo nombraron “presidente de usos y costumbres” por encima de la autoridad municipal. La práctica se repite con descarada frecuencia. También se han documentado situaciones idénticas en Aldama y Ocosingo, municipios donde la figura de la presidenta se desvanece ante la sombra de un síndico o de un esposo.
Esta hipocresía no es ajena a la vida política del Estado. El Congreso local exhibe casos ejemplares de endogamia legislativa. La senadora Sasil de León Villard ha visto cómo dos de sus cuñadas, María Isabel Rodríguez Jiménez y Sahara Munira José Flores, obtuvieron escaños en la cámara local al amparo de las reglas electorales. El asunto alcanzó ribetes casi cómicos cuando el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas declaró que la autodescripción de Sahara Munira como integrante de la comunidad de la diversidad sexual era “simulada y fraudulenta”, pues la señora es casada con el hermano de la senadora y su vida transcurre como persona heterosexual. Todo, al final, se reduce a un simple cálculo de supervivencia política: cuando el barón no puede sentarse en la curul, envía a la baronesa.
Copainalá vivió casos similares cuando el expresidente municipal Rodolfo Martínez puso a su esposa Ana Isabel Salas Bonifaz. En Tecpatán, el expresidente municipal Jorge Guzmán colocó en la alcaldía a su hija, Patricia Guzmán. Así se construye la paridad en Chiapas, con mujeres que aparecen en la nómina, pero desaparecen en el poder. En San Fernando, Juan Antonio Castillejos puso a su hermana Carmen. Y la lista es mayor.
El verdadero reto de la iniciativa de paridad real no consiste, por tanto, en redactar una reforma constitucional impecable, sino en tejer un conjunto de mecanismos que la blinden frente a la simulación. Urge establecer disposiciones que impidan el despojo de funciones a las presidentas municipales, especialmente en los municipios indígenas donde la figura del “presidente de usos y costumbres” a menudo se superpone de manera abusiva sobre los cargos de elección popular. Los institutos electorales y las fiscalías especializadas tendrán que vigilar, caso por caso, que el poder efectivo recaiga en quien ganó las urnas y no en quien maneja los hilos del aparato caciquil.
La paridad en Chiapas ha sido, hasta ahora, una paridad de papel, una tramoya que permite a los viejos barones conservar el control del tablero mientras colocan a sus mujeres como figuras decorativas. La propuesta del gobernador tiene la virtud de reconocer un problema profundo y de anunciar una corrección estructural. Pero el momento de la definición llegará cuando esa propuesta se traduzca en mecanismos concretos para evitar los gobiernos simulados que hoy toleramos con escandalosa normalidad. La exigencia ciudadana no puede reducirse a un reparto aritmético de sillas con mujeres prestadas. Consiste en que cada alcaldesa electa gobierne realmente y que cada mujer improvisada demuestre, con hechos y no con apellidos, que su sitio en la política se debe al mérito profesional y no a la comodidad familiar. Esa será, al final, la verdadera prueba de fuego para la reforma.
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