May Rosas
Donde antes hubo complicidad, ahora hay certeza
En la algarabía del salón donde se congregaron las voluntades que esculpen el destino jurídico de Chiapas, la tinta corrió sobre el papel con una fluidez que evocaba más el cauce de un río que la rigidez de un protocolo. Ese trazo representaba la materialización de una promesa largamente postergada para las familias chiapanecas, la promesa de un Gobierno que decide dejar de ser un obstáculo para convertirse en un puente. El gobernador Eduardo Ramírez observaba la escena con una serenidad nacida de la congruencia, porque cuando un mandatario coloca la transparencia y la certeza jurídica en el centro de su proyecto, cada acto público adquiere la textura de una reparación histórica.
La firma del Convenio de Colaboración entre el Gobierno del Estado y el Consejo Estatal de Notarios de Chiapas, con la participación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y del Instituto Registral del Estado, revela una arquitectura institucional pensada para desmantelar los viejos laberintos burocráticos que durante décadas consumieron la paciencia y los recursos de la gente. Resulta imposible no percibir en este acuerdo la visión de un gobernador que entiende la función pública como un ejercicio de proximidad humana, donde la lucha contra la corrupción se libra simplificando aquello que antes se complicaba deliberadamente para alimentar la opacidad. Eduardo Ramírez ha trazado una ruta donde transparentar es una metodología de trabajo, y este convenio demuestra que la Nueva ERA se edifica con cimientos jurídicos sólidos y una vocación inclaudicable de servicio.
Detrás de la formalidad del acto, donde estuvieron presentes el consejero Jurídico Guillermo Nieto Arreola, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno Ana Laura Romero Basurto y la directora general del Instituto Registral Adriana Mercedes Ramos Díaz, se desarrollaba una conversación mucho más profunda con la sociedad civil. Se trataba de un diálogo silencioso que les decía a las madres de familia y a los pequeños propietarios que proteger el patrimonio familiar dejará de ser una odisea costosa para convertirse en un proceso ágil y vigilado. Durante demasiado tiempo, la pesadilla de miles de chiapanecos tuvo un guion recurrentemente macabro: propiedades que, de la noche a la mañana, amanecían con dos o hasta tres dueños distintos, inmersas en litigios interminables que olían a complicidad entre notarías sin escrúpulos y servidores públicos que lucraban con la fe documental. Ese cáncer de la doble titulación devastó patrimonios, fragmentó familias y sembró una desconfianza venenosa hacia cualquier institución, una herida que este convenio busca cicatrizar mediante la depuración gremial y la vigilancia interinstitucional.
Conviene reflexionar sobre el núcleo humano de esta estrategia, porque cuando la secretaria Romero Basurto reconoce el compromiso social del notariado para implementar esquemas de reducción de costos orientados a personas en situación de vulnerabilidad, está describiendo una política que devuelve la dignidad a quien la había extraviado en las ventanillas de la indiferencia. Reducir los tiempos de espera e inyectar certeza jurídica a cada vivienda y cada parcela son acciones que, en la biografía íntima de una familia, representan el parteaguas entre la zozobra perpetua y la tranquilidad de dormir con la escritura bajo la almohada, a salvo de fantasmales segundos propietarios. Eduardo Ramírez ha interpretado que la verdadera anticorrupción se ejerce garantizando derechos y despejando el camino para que el patrimonio de cada chiapaneco no quede secuestrado por la tramitología ni por los gestores que medraban con la necesidad ajena.
La ingeniería que sostiene este acuerdo rompe con la inercia del aislamiento gubernamental, aquella que provocaba que las dependencias trabajaran como feudos incomunicados, duplicando requisitos y alargando artificialmente los procesos. Al integrar en una misma mesa al consejero Jurídico, a la autoridad anticorrupción y al instituto registral con el cuerpo notarial, se teje una red donde la información fluye, los criterios se unifican y la certeza jurídica abandona la abstracción para instalarse en la vida cotidiana de la gente, blindando cada expediente contra la corrupción que antes encontraba grietas por donde colarse entre notaría y registro. Esta coordinación, promovida directamente por el gobernador Ramírez, es la respuesta más inteligente contra la indefensión administrativa, porque un pueblo que accede a sus derechos sin que le vacíen los bolsillos es un pueblo que deja de ser rehén de la corrupción sistémica, esa que durante años fabricó dueños paralelos con la impunidad de un escritorio público mal vigilado.
El impacto de estas acciones se magnifica al dimensionar el perfil social de Chiapas, un estado donde la dispersión geográfica y las desigualdades económicas convierten cualquier gestión notarial en un privilegio inalcanzable para las mayorías. Promover esquemas de apoyo jurídico para los sectores más desfavorecidos es un acto de justicia distributiva que habla del talante ético de la administración encabezada por Eduardo Ramírez, quien ha conseguido alinear los objetivos del Gobierno con la responsabilidad social de los notarios. La creación de un entorno de vigilancia mutua para que ninguna propiedad vuelva a tener dueños artificiales constituye una política de Estado que ataca de raíz las causas estructurales de la desigualdad, empoderando al ciudadano y blindándolo frente a los abusos que florecen en la penumbra administrativa. Contemplar este acuerdo es imaginar el alivio de aquel padre que podrá heredar su tierra sin temor a que un tercero aparezca reclamando lo que legítimamente le pertenece, sabiendo que ahora el gobierno está de su lado, desterrando a los actores que convirtieron la fe pública en un mercadeo de pesadilla. La gestión de Eduardo Ramírez ha conseguido traducir los complejos conceptos de gobernanza democrática en experiencias concretas de protección patrimonial, y la presencia vigilante de la Secretaría Anticorrupción asegura que el servicio público permanezca fiel al espíritu con el que fue concebido: un servicio cercano, eficaz y absolutamente comprometido con el bienestar del pueblo de Chiapas.
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