Manuel Velázquez
Las instituciones culturales públicas de nuestro país se encuentran en un momento
decisivo, con escasos recursos y con poca visibilidad en la agenda política. Más aún,
la realidad apunta al poco o nulo interés dentro de las campañas políticas a cargos
de elección, en relación con temas de cultura, en general se ignora su trascendencia
para la gobernabilidad como un motor de convivencia pública, habilitador para la
prevención de la violencia y sensibilizador educativo para temas de recuperación
de conciencia sobre el medio ambiente, la equidad de género y la sustentabilidad.
En la práctica y en las propuestas no se observa un verdadero interés en ninguna
de las opciones políticas.
La formación de públicos está presente en el discurso de candidatos y candidatas
sobre políticas culturales públicas, pero no quedan claras las estrategias para su
incorporación dentro de un programa de Gobierno, más allá de explorar
libremente “el derecho a la cultura para todos”, lo cual es formidable, pero hay que
insistir en bajar esto a estrategias concretas. Para garantizarlo se han de mejorar
las propuestas en atención a todos los públicos, con un mayor conocimiento de las
necesidades de la sociedad y una voluntad de ofrecer experiencias artísticas,
educativas, formativas, gratificantes y útiles.
Sabina Berman afirma que existe “Mucha creación que llega a muy pocos. Mucha
obra artística que disfrutan unos cuantos. Una comunidad cultural encerrada en sí
misma: ensimismada; una comunidad artística enajenada de la sociedad,
consumiendo endogámicamente su creación, y no pocas veces antropófaga de sus
prestigios”.
Falta establecer una visión global del panorama artístico-cultural, donde se discuta
el alcance de las producciones culturales en relación de una cultura
contemporánea compleja. También es necesario fomentar una memoria histórica
de nuestra cultura, a través de la investigación y la documentación.
Lo que los creadores a nivel nacional están obligados a exigir al Gobierno son
oportunidades de educación, de trabajo decoroso y situaciones de desarrollo, no
solo para ellos mismos sino para los casi 50 millones de pobres que existen en
México. Es necesario establecer un compromiso para apoyar a los creadores en la
formación de un mercado cultural que cierre el ciclo de producción, distribución y
consumo.
Las políticas culturales públicas deben de ser capaces de orientar adecuadamente
esta tarea. No hay mejor solución que abrir la amplitud de los debates
especializados y alzar la discusión a los medios de comunicación más sensibles a
las críticas constructivas. Lo malo, en definitiva, no es solo la situación en la que se
encuentra la cultura, sino la estrechez de miras. Un paso más para conquistar la
democracia cultural es hacer valer el derecho a discutir y disfrutar de una política
cultural de avanzada y de calidad.
