Municipios petroleros y corredores carreteros concentraron afectaciones vinculadas al transporte y manejo de hidrocarburos
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Chiapas es reconocido por su amplia gama de recursos naturales y biodiversidad, la preservación de sus áreas verdes y recursos hídricos ha sido una labor extenuante que no podría ser posible sin la colaboración de los chiapanecos y las instituciones gubernamentales, sin embargo, hay regiones afectadas por derramas y fugas de material petrolífero provenientes de la actividad energética y el transporte de esta misma, señaló la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estatal.
El diagnóstico federal incorporado al Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030 colocó a Reforma como uno de los municipios con mayores afectaciones ambientales derivadas de la actividad petrolera, a causa de accidentes relacionados con empresas especializadas en la venta de hidrocarburos y que hasta hoy en día no cuentan con sanciones legales y económicas equiparables al impacto ambiental que ocasionan.
Por su parte, la Secretaría de Energía, informó que la entidad tiene 266 mil hectáreas dedicadas a la extracción de hidrocarburos, escenario vulnerable ante una regulación ambiental controlada por parte de las autoridades estatales y donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, detalló que el 81 por ciento del transporte de combustibles se hace de manera terrestre en todo el territorio estatal, condición que representa un riesgo ante posibles siniestros en tramos carreteros de mal estado y áreas rurales.
Gran parte de los eventos de contaminación estuvieron ligados al autotransporte de materiales peligrosos, en municipios costeros y corredores carreteros como Arriaga, Pijijiapan, Tapachula, Tonalá y Villa Comaltitlán, donde múltiples empresas acumularon reportes por derrames de hidrocarburos sobre carreteras federales, situación que mantiene preocupación ambiental debido a que la comarca posee más de 123 mil hectáreas de áreas naturales protegidas bajo jurisdicción estatal.
Asimismo, dicho panorama incrementa la presión sobre ecosistemas vulnerables y comunidades rurales cercanas a zonas petroleras y corredores de transporte de combustibles, dado que, numerosos procesos de remediación tardaron varios años en concluir pese a tratarse de contaminación asociada con sustancias peligrosas para el suelo y los mantos acuíferos.
