Regidores y la síndico de Ocozocoautla habrían convertido su voto y su opinión técnica en una mercancía, condicionando el avance de proyectos de infraestructura
Argenis Esquipulas/PORTAVOZ
El Congreso de Chiapas consumó ayer jueves el desafuero y separación definitiva de la presidenta municipal de Jiquipilas, pero lo que parecía un caso aislado de presuntas irregularidades municipales se convirtió en el primer eslabón de una cadena más amplia de investigaciones, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, reveló en conferencia de prensa que también se ha solicitado la aprehensión de la directora de Obras Públicas de Jiquipilas y el desafuero de seis servidores públicos del ayuntamiento de Ocozocoautla por extorsión agravada. Además, hay otras 10 carpetas de investigación abiertas contra otros municipios.
La sesión extraordinaria en el Congreso local, que inició pasadas las 16:00 horas, fue conducida por la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra Gómez Mendoza, quien, como primer punto del orden del día, realizó la presentación del oficio signado por el maestro Armando Pérez Narváez, Fiscal de Coordinación de la FGE, en representación del fiscal general. El documento fue leído en su totalidad por el diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares, quien desglosó ante el pleno los pormenores legales de la solicitud.
El documento, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución General de la República, así como en los artículos 36, 37, 45 fracción XXVIII, 92, 109 y 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, detalló que, durante la misma fecha, “agentes de investigación e inteligencia ministerial adscritos a esta Fiscalía General, en uso de sus facultades, dieron cumplimiento al mandamiento judicial aprensorio girado dentro de la causa penal 178/2026”.
Una vez concluida la lectura, la diputada presidenta Alejandra Gómez Mendoza declaró formalmente: “Honorable asamblea, como consecuencia de la notificación antes referida, esta Presidencia se permite declarar la falta al cargo de la presidenta municipal en el ayuntamiento de Jiquipilas, Chiapas”.
Acto seguido, argumentando la necesidad de “que prevalezca y se fortalezca la gobernabilidad municipal”, se sometió a votación la propuesta de declarar el asunto como de urgente y obvia resolución. Sin intervenciones en contra, la votación fue unánime: 35 votos a favor. De inmediato, se procedió a designar a la sustituta: Benérita Vela Avendaño, quien entró en funciones a partir de este jueves 21 de mayo de 2026.
LAS REVELACIONES DEL FISCAL LLAVEN ABARCA: UN MILLÓN DE PESOS Y UNA RED DE EXTORSIÓN
Apenas concluida la sesión en el Congreso, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, compareció ante los medios de comunicación para detallar el alcance de las investigaciones, no se trataba solo de un contrato irregular, sino de un sistema de cobro de piso institucionalizado dentro de ayuntamientos.
“Derivada de la investigación realizada hasta este momento, a la víctima le exigieron la cantidad de un millón de pesos para establecer una empresa”, explicó Llaven Abarca con contundencia, la víctima a la que se refirió es Ignacio Jesús Castro Gutiérrez, representante legal de Grupo Avimarca, quien pretendía instalar operaciones en el municipio, pero para poder operar legalmente, los funcionarios le exigieron un pago irregular.
El fiscal general informó que la FGE solicitó al Congreso no solo el desafuero de la presidenta municipal, sino también la correspondiente orden de aprehensión en contra de la directora de Obras Públicas municipales de Jiquipilas, por su participación en los mismos hechos delictivos. “Hace algunas horas la Fiscalía General del Estado solicitó dos peticiones de declaratoria de procedencia para poder ejecutar la acción penal en contra de servidores públicos municipales”, detalló Llaven Abarca. La primera, para la alcaldesa; la segunda, para su funcionaria de confianza en el área de obras.
La directora de Obras Públicas, cuyo nombre no fue revelado por razones de la investigación, habría sido la encargada de negociar directamente con la empresa la entrega del millón de pesos, supuestamente para agilizar permisos y la asignación de terrenos. “De esta manera la Fiscalía estará en condiciones de proceder penalmente y llevarlos ante la justicia”, concluyó el fiscal en ese punto.
Pero lo más impactante de la conferencia de Llaven Abarca fue la revelación de que Jiquipilas no es un caso aislado, el fiscal anunció que también se ha solicitado la declaratoria de procedencia y el desafuero de seis servidores públicos del ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, un municipio estratégico en la región Mezcalapa. Los señalados son: la síndico municipal, dos regidoras y tres regidores, todos ellos acusados del delito de extorsión agravada.
Según la investigación de la FGE, estos seis funcionarios, aprovechándose de sus cargos y del ámbito de su competencia, solicitaban diversas cantidades de dinero a la propia presidenta municipal de Ocozocoautla para “autorizar” o “permitir” la realización de obras a beneficio del pueblo. En otras palabras, los regidores y la síndico habrían convertido su voto y su opinión técnica en una mercancía, condicionando el avance de proyectos de infraestructura, como pavimentaciones, redes de agua potable y drenaje, al pago de sobornos.
“Solicitaban diversas cantidades a la presidenta municipal para realizar las obras a beneficio del pueblo de Ocozocoautla de Espinosa”, declaró Llaven Abarca, subrayando la paradoja, quienes debían velar por el interés público estaban secuestrando la gestión municipal en beneficio propio. El fiscal no reveló montos específicos para este caso, pero adelantó que las extorsiones eran recurrentes y que han afectado gravemente el ejercicio del gasto público en ese municipio.
MÁS MUNICIPIOS BAJO LA LUPA: DIEZ CARPETAS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO
El mensaje del fiscal general no terminó ahí, Llaven Abarca advirtió que lo que se ha hecho público es apenas la punta del iceberg. “Cabe resaltar que existen diversas carpetas de investigación en contra de servidores públicos municipales de otros 10 ayuntamientos, que se encuentran integrando y de las cuales se dará cuenta en su momento”, anunció.
Aunque se negó a dar nombres de esos municipios para no entorpecer las pesquisas, fuentes cercanas a la Fiscalía Anticorrupción señalaron que se trata de ayuntamientos de diversas regiones: algunos de la zona Altos, otros de la Frailesca y al menos dos de la zona Sierra, los delitos que se investigan van desde desvío de recursos hasta abuso de autoridad y, en varios casos, también extorsión agravada.
“La instrucción del gobernador es clara: cero impunidad para quienes usan sus cargos para enriquecerse o extorsionar a la ciudadanía y a las empresas que quieren invertir en Chiapas”, enfatizó Llaven Abarca, quien subrayó que la Fiscalía estará en condiciones de proceder penalmente en todos estos casos una vez que los respectivos Congresos (estatal o incluso federal, según el caso) otorguen las declaratorias de procedencia.
MALESTAR CIUDADANO: SEÑALAMIENTOS HISTÓRICOS
Mientras los reflectores se centraban en las declaraciones del fiscal y en la sesión del Congreso, en las calles de Jiquipilas la ciudadanía recibía la noticia con una mezcla de euforia y hartazgo. Los señalamientos venían acumulándose desde hace al menos dos años y medio.
1. Opacidad en el ejercicio del gasto público
El señalamiento más recurrente entre los habitantes es la absoluta falta de transparencia en el manejo de los recursos del Jiquipilas. Comerciantes y líderes vecinales han denunciado en múltiples ocasiones que las cuentas públicas de los ejercicios 2024 y 2025 nunca fueron presentadas de manera clara. “Sabíamos que el dinero se esfumaba, pero nadie rendía cuentas. Las obras quedaban a medias y el asfalto nuevo desaparecía a los dos meses”, denunció un representante del Comité de Participación Ciudadana.
2. Persecución política y uso faccioso de la policía municipal
Otro punto que generó indignación fue el presunto uso de la policía municipal para acosar a opositores políticos y a periodistas locales. Al menos dos reporteros independientes tuvieron que salir del municipio tras recibir amenazas y ser retenidos ilegalmente por elementos de seguridad pública. Se documentaron casos de regidores de oposición a quienes se les impidió el acceso al Palacio Municipal durante sesiones de cabildo.
3. Presunto tráfico de influencias y “moches” a proveedores
El caso de Grupo Abimarca, que ahora se judicializó con la exigencia del millón de pesos, no fue aislado. Antes de esta denuncia, al menos tres contratistas de la región manifestaron ante la Fiscalía Anticorrupción que para poder cobrar por servicios prestados al municipio, tenían que entregar sobornos que oscilaban entre el 10 y el 20 por ciento del monto del contrato. “Si no pagabas el ‘moche’, simplemente no te liquidaban”, declaró un empresario local.
4. Desvío de recursos para campañas políticas
Durante las elecciones intermedias de 2024, circularon audios y documentos filtrados que, según la ciudadanía, demostraban que parte del presupuesto destinado a programas sociales fue desviado para comprar lonas, despensas y eventos proselitistas.
5. Intimidación a funcionarios que se negaban a firmar documentación irregular
Un extesorero municipal renunció en 2025 alegando presión constante para avalar facturas falsas. Según su testimonio, la alcaldesa le exigía firmar cheques en blanco, al negarse, fue hostigado y removido.
Frente al Palacio Municipal de Jiquipilas, un grupo de simpatizantes de la presidenta se congregó para mostrar su respaldo, denunciando un supuesto complot político, sin embargo, a unas cuadras, otro grupo más numeroso estalló en aplausos y colgó mantas con leyendas como “Justicia para Jiquipilas. Ni un peso más para corruptos”.
LO QUE SIGUE
La directora de Obras Públicas de Jiquipilas podría ser aprehendida en las próximas horas una vez que el Congreso otorgue la declaratoria de procedencia. En Ocozocoautla, los seis servidores públicos enfrentan un proceso similar por extorsión agravada. Y en el horizonte, 10 municipios más podrían ser sacudidos por carpetas de investigación que, según Llaven Abarca, se darán a conocer oportunamente.
Para los chiapanecos, el 21 de mayo de 2026 quedará registrado como el día en que la Fiscalía y el Congreso enviaron un mensaje contundente: el fuero constitucional no es un escudo para la impunidad. La justicia, al menos en estos casos, comenzó a caminar.
