La movilización es el reflejo de una ciudadanía que ha perdido la confianza en instituciones locales y que busca en el Gobierno federal un último recurso
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
A más de un mes del feminicidio de Beany Lozano García, joven estudiante de 18 años, su familia mantiene una lucha incansable que los ha llevado desde las calles de Tapachula, Chiapas, hasta las inmediaciones de Palacio Nacional en la Ciudad de México. La exigencia es clara: la captura de José Manuel “N”, alias “El Tito”, presunto responsable de haberle disparado en la cabeza y abandonarla dentro de una camioneta.
El caso, que ha conmocionado a la opinión pública por las presuntas omisiones de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y la tardanza en las investigaciones, se ha convertido en un símbolo de las fallas estructurales que enfrentan las víctimas de violencia de género en México. Mientras la familia clama por justicia, las estadísticas nacionales revelan un panorama alarmante: durante el primer trimestre de 2026, Chiapas se ubica como una de las entidades con mayor número de feminicidios en el país.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 6 de abril de 2026, en un camino de terracería del cantón Omoa, en el municipio de Tuxtla Chico, Chiapas. Beany Lozano, estudiante de la carrera de Administración en la Universidad Autónoma de Chiapas, fue presuntamente atacada a quemarropa por su exnovio José Manuel “N” dentro de una camioneta blanca.
El proyectil ingresó por la parte inferior de la oreja izquierda y salió por el temporal derecho, perforándole la cabeza. El agresor huyó del lugar, dejando a la joven abandonada dentro del vehículo con los vidrios cerrados y los seguros puestos.
No fue sino hasta las nueve de la mañana que lugareños encontraron el cuerpo inconsciente de Beany y solicitaron ayuda. Fue trasladada de urgencia a un hospital de Tapachula, donde ingresó en calidad de desconocida. Sus padres, Benigno y Anahí, la localizaron posteriormente y, al ver la gravedad de su estado, decidieron trasladarla a una clínica particular donde fue intervenida quirúrgicamente de emergencia.
Durante 11 días, la familia luchó por salvarle la vida. Incluso gestionaron su traslado al Hospital Siglo XXI en la Ciudad de México, pero su estado era demasiado delicado y los médicos no lograron estabilizarla. El 17 de abril, Beany perdió la batalla, dejando un vacío irreparable en su familia y una comunidad indignada por la violencia feminicida.
OMISIONES Y DILACIONES: EL VIACRUCIS DE LA FAMILIA
Desde el primer momento, los padres de Beany entregaron a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa toda la información necesaria para detener al presunto agresor. “Tenían todo desde el primer día para detenerlo. Les dimos domicilios, cámaras, videos, testigos, incluso la misma Fiscalía sabía desde el principio que él había sido”, denunció Benigno, padre de la víctima, durante la protesta en la Ciudad de México.
La madre de Beany, Anahí García, ha sido particularmente crítica con la actuación de las autoridades. Durante una marcha realizada el 23 de abril en Tapachula, señaló que la Fiscalía tuvo desde el inicio todas las pruebas: videos, audios y mensajes que incriminaban a José Manuel “N”. “Cuando a mi hija la estaban operando, nos avisaron que estaban desocupando la casa de ese tipo, se lo dijimos a las autoridades y no hicieron nada, dándole tiempo al agresor de huir”, denunció.
A pesar de contar con la identidad del agresor y su ubicación, las autoridades no actuaron con la celeridad necesaria. La orden de aprehensión contra José Manuel “N” no fue liberada sino hasta cinco días después de los hechos, bajo la carpeta de investigación 0089-102-0520-2025. Para entonces, el presunto feminicida ya había desaparecido. Existe la fuerte sospecha de que escapó hacia Guatemala, aprovechando la cercanía de la frontera.
La recompensa de 500 mil pesos por información que lleve a su detención fue ofrecida por la Fiscalía General del Estado de Chiapas hasta el 5 de mayo, casi un mes después del ataque y 18 días después del fallecimiento de Beany. Esta tardanza ha sido interpretada por la familia como una muestra más de la falta de interés y sensibilidad de las autoridades.
“Necesito que lancen la alerta migratoria para que la gente de Centroamérica pueda compartir su rostro. A esto no le van a dar carpetazo. Quiero decirles a todos que no tengo miedo, aun cuando he recibido amenazas”, declaró Anahí García frente a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa.
PROTESTAS Y CAMBIOS EN LA FISCALÍA
La indignación por el caso de Beany no se limitó a su familia. Amigos, compañeros de la universidad, ciudadanos y colectivas feministas se sumaron a las protestas en Chiapas. El 23 de abril, vestidos de blanco y portando pancartas con consignas como “Justicia para BEA”, “Ni una más” y “Si tocan a una respondemos todas”, marcharon desde el Parque Miguel Hidalgo de Tapachula hasta las oficinas regionales de la Fiscalía General del Estado.
La presión social y las evidentes fallas en el manejo del caso tuvieron consecuencias. El 21 de abril, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, nombró a Ernesto López Hernández como nuevo titular de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, en sustitución de Juan Daniel Cerillo. La familia de Beany había enviado previamente un escrito al fiscal general denunciando la negligencia de Cerillo.
Sin embargo, para la familia, este cambio resulta insuficiente. Señalan que las omisiones ya habían ocurrido y que el daño, la fuga del presunto responsable, ya estaba consumado. “La Fiscalía tuvo inmediatamente todas las pruebas… y no hicieron nada”, insistió Anahí García.
El caso fue reclasificado como feminicidio, lo que, según la madre de Beany, le dio “un poco más de confianza en las autoridades”. Sin embargo, advirtió que no cesará en su lucha: “Yo no voy a bajar la guardia hasta que esta persona esté sentenciada con todo el peso de la ley”, afirmó durante la protesta en la Ciudad de México.
LA MARCHA HACIA PALACIO NACIONAL
Ante la falta de avances contundentes por parte de las autoridades chiapanecas, la familia decidió llevar su exigencia al más alto nivel. El jueves 14 de mayo, después de las ocho de la mañana, madre, padre, familiares y simpatizantes se manifestaron frente a Palacio Nacional, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México.
La madre de Beany relató públicamente el viacrucis que han enfrentado desde el ataque contra su hija. Con pancartas y consignas, los manifestantes exigieron a las autoridades municipales y estatales acelerar las investigaciones, localizar y detener al presunto responsable, así como garantizar un proceso judicial transparente y con perspectiva de género.
“Queremos justicia para Beany. No queremos más indiferencia ni más violencia contra las mujeres”, expresaron familiares y amigos durante la movilización.
La familia también solicitó la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, para que el caso sea escuchado y atendido a la brevedad. Consideran que no es justo que el presunto feminicida siga libre después de haber causado tanto dolor.
Asimismo, pidieron a la ciudadanía su ayuda para difundir la ficha de búsqueda de José Manuel “N” y solicitaron a los medios de comunicación difundir la información con responsabilidad, respetando a la familia y el debido proceso.
EL CONTEXTO: CIFRAS ALARMANTES DE FEMINICIDIO EN MÉXICO
El caso de Beany Lozano no es un hecho aislado. Ocurre en un contexto de alta incidencia de violencia feminicida en México, que ha llevado a las familias a tener que recorrer largos caminos burocráticos y, en muchos casos, a manifestarse en la capital del país para ser escuchadas.
De acuerdo con el reporte más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer trimestre de 2026 se registraron 148 feminicidios a nivel nacional. Esta cifra refleja la magnitud de la crisis que enfrenta el país en materia de violencia de género.
Seis estados concentran el 46.6 por ciento de los casos. Sinaloa encabeza la lista con 15 feminicidios, seguido muy de cerca por Chiapas, con 13. La Ciudad de México y el Estado de México comparten el tercer lugar con 11 casos cada uno, seguidos de Sonora (10) y Veracruz (nueve).
A nivel municipal, Tapachula, donde residía Beany, se encuentra entre los municipios con mayor incidencia, reportando tres feminicidios en el primer trimestre del año. Tuxtla Chico, donde ocurrió el ataque, registró dos.
Estas cifras representan un aumento en algunas entidades. En la Ciudad de México, por ejemplo, los feminicidios aumentaron un 57.1 por ciento durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, al pasar de siete a 11 casos.
Ante este panorama, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Feminicidio, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta iniciativa busca unificar el delito en todo el país, estableciendo penas de 40 a 70 años de prisión y obligando a las fiscalías a investigar cualquier muerte violenta de una mujer con perspectiva de género desde el primer momento. El Senado ya declaró constitucional esta reforma, que ahora será publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Sin embargo, para las familias como la de Beany, las leyes y las estadísticas frías no son suficientes. Exigen acciones concretas, resultados y, sobre todo, justicia.
LAS COLECTIVAS LEVANTAN LA VOZ
Organizaciones feministas y colectivas han acompañado la lucha de la familia de Beany y han utilizado el caso para visibilizar las fallas sistémicas en la procuración de justicia. El Colectivo 50+1, en su conteo, señaló que en Chiapas sumaban ya 16 feminicidios en lo que va del año, siendo marzo de 2026 un mes particularmente fatal con seis casos.
Las colectivas han señalado que el caso de Beany es un ejemplo claro de cómo la inacción de las autoridades revictimiza a las familias y permite que los agresores queden impunes. Las consignas “Vivas las queremos”, “Ni una más” y “Justicia para Beany” han resonado tanto en las calles de Tapachula como frente a Palacio Nacional.
La protesta de la familia frente a la sede del Ejecutivo federal busca precisamente eso: poner el tema en la agenda nacional y presionar para que desde el centro se exijan cuentas a las fiscalías locales. Los manifestantes pidieron que las indagatorias se conduzcan bajo estrictos protocolos de feminicidio y evitar que el caso sea minimizado.
El caso de Beany Lozano expone las profundas deficiencias del sistema de justicia mexicano para atender la violencia contra las mujeres. A pesar de que la familia entregó todas las pruebas desde el primer día, el agresor sigue libre. A pesar de las protestas y la presión social, la justicia tarda en llegar.
La movilización frente a Palacio Nacional es un acto de desesperación y valentía. Es el reflejo de una ciudadanía que ha perdido la confianza en las instituciones locales y que busca en el Gobierno federal un último recurso.
“Beany era una chica con muchas metas por cumplir, estudiaba la carrera de Administración y a pesar de haber perdido a su hermano en un accidente, tenía la ilusión de llevar a cabo sus sueños, los cuales quedaron truncados por José Manuel N”, recordó su madre entre lágrimas.
Mientras el presunto feminicida permanezca prófugo, la familia no descansará. Su lucha, que comenzó en un camino de terracería en Tuxtla Chico y llegó hasta las puertas del poder nacional, es un recordatorio doloroso de que, en México, para las mujeres y sus familias, conseguir justicia puede significar recorrer kilómetros, enfrentar la indiferencia y levantar la voz hasta que alguien los escuche.
La ficha de búsqueda de José Manuel “N” continúa vigente. La Fiscalía de Chiapas ofrece 500 mil pesos para quien aporte información que lleve a su captura. Pero para la familia de Beany, ninguna recompensa podrá reparar el daño causado. Lo único que piden es que se haga justicia, que se aplique la ley y que la muerte de su hija no quede impune.
“Queremos justicia para Beany. No queremos más indiferencia ni más violencia contra las mujeres”, es el grito que resuena desde Chiapas hasta la Ciudad de México, en la esperanza de que, esta vez, sea escuchado.
